Sanidade contrata a Tragsa para dirigir las ambulancias y pone paz en el conflicto

La nueva reunión de la Consellería de Sanidade y de la Fundación Urxencias Sanitarias Galicia-061 con los representantes sindicales del servicio de ambulancias del 061 en el área de las poblaciones de Vigo, Cangas y Moaña concluyó ayer con acercamiento de posturas y fumata blanca para encarrilar el conflicto laboral y garantizar la prestación del servicio, tanto el urgente como el programado, tras la marcha de la concesionaria Ambulancias do Atlántico. Desde la CIG, CC OO y USO aseguran que la consellería ha cambiado de estrategia y abandona el papel de “supervisor” para intervenir directamente a Ambulancias do Atlántico. Esta intervención consistirá en la contratación de tres profesionales técnicos y administrativos de la empresa Tragsa para que, a partir de la semana que viene se encarguen de las tareas de dirección y administración de la empresa.

Añaden que con este nombramiento, la consellería cumplirá con los puntos de la lista de demandas que habían planteado: entregar la totalidad de las nóminas que fueron facilitadas al personal trabajador en el período comprendido entre enero y diciembre de 2023 y rehacer, una a una, las relativas al período entre enero y abril de 2024 para poder conocer la diferencia y calcular lo que se le debe al personal.

Los sindicatos valoran positivamente que la consellería acepte intervenir nuevamente en el abono de todas las nóminas de mayo antes del 1 de junio empleando la misma fórmula que usó en el anterior mes para pagar las de abril.

Con respecto al contrato de emergencia del servicio que ha tramitado, tras la renuncia de Ambulancias do Atlántico, la consellería les confirmó que hay más de una empresa interesada y que se convocará una reunión la próxima semana con la nueva firma adjudicataria. Señalan que el contrato estará adjudicado antes del miércoles de la próxima semana. En esta reunón se negociarán, señalan los sindicatos, las condiciones de subrogación del personal, finiquito, condiciones de trabajo, necesidades de vehículos, centros de trabajo y uniformidad.

Desde Sanidade confirmaron también que la dotación económica del nuevo concurso urgente incluye el importe necesario para hacer frente a la paga de regularización recogida en el convenio colectivo, por lo que se comprometen a trasladar a la nueva empresa la obligación de empezar a abonar mensualmente la paga. También se compromete a ejecutar los avales depositados por Ambulancias do Atlántico para facilitar el cobro de atrasos a los trabajadores.

En el caso del contrato del servicio programado, que está en período de recibir ofertas, la consellería se ha comprometido a iniciar un contrato de emergencia en el caso de que llegado el 31 de mayo no se presentara ninguna empresa. Así mismo, se comprometen a retirar para su corrección el documento de la lista de subrogación, que se negociará con la representación de los trabajadores. Por último, en la reunión también se acordó crear una mesa autonómica para el seguimiento de los contratos públicos de transporte sanitario, en la que estén presentes, además de la administración, representantes de la patronal y de las organizaciones sindicales.

El 061 abrió 29 incidencias contra Ambulancias do Atlántico

Por la mañana, el conflicto del servicio de ambulancias en el área de Vigo, Cangas y Moaña se trató en la Comisión 5ª de Sanidade del Parlamento, a raíz de una pregunta de la diputada del BNG Montse Prado, que se quejó del muro que siempre se han encontrado en el PP cuando denunciaron la situación de este servicio que se prestaba en precario.

Prado insistió en que el PP siempre hizo oídos sordos a las demandas sobre el funcionamiento, de que primaran criterios asistenciales y no económicos a la hora de los pliegos del servicio, de garantizar los derechos de los trabajadores, de ejercer vigilancia y control a las empresas y dijo que el PP tampoco tomó nota cuando desde el BNG advirtieron de que el concesionario había protagonizado escándalos en otras partes del Estado como Aragón y Castilla y era más que probable que con su manera de funcionar, sin atender el servicio según el contrato y sin respetar los derechos de los trabajadores, lo normal era que lo siguiera haciendo aquí.

La diputada nacionalista preguntó cómo es posible que la Xunta hubiera permitido que se llegara a la situación actual en el servicio, denunciada por los trabajadores con impagos de nóminas y retrasos a lo largo del último año, a proveedores de oxígeno medicinal, a empresas de lavado, de limpieza, a talleres, a renting, impagos de intereses bancarios, de alquiler de locales, también a la Seguridad Social, generando una deuda que Montse Prado cifró en alrededor de 500.000 euros. En este sentido reclamó información sobre si desde la Xunta se había fiscalizado a la empresa, si se hacía seguimiento con inspecciones y cuáles habían sido los resultados.

Después de una primera respuesta en la que la secretaria xeral técnica se limitó a hacer balance de la cronología de los contratos, y que fue criticada por la diputada nacionalista, Natalia Lobato sí confirmó después que la Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061 había registrado 29 incidencias contra la concesionaria Ambulancias do Atlántico con sanciones consistentes en el 3% de la facturación mensual y amonestaciones con apercibimeinto de subsanación por irregularidades en el cumplimiento de la prestación. Añadió que de las registradas, al margen de las que puedan ser incoadas por los incidentes del último mes, ninguna era muy grave, con un reparto del 48% de graves y del 52% de leves.

Lobato destacó que ya estaba en marcha la contratación de la nueva empresa, que el servicio estaría adjudicado la próxima semana. Explicó que el contrato en el transporte urgente finalizaba el 21 de octubre de 2024, y en vista de eso, la Fundación 061 tramitó un nuevo expediente de contratación y en el área de Vigo sólo se había presentado Ambulancias do Atlántico. Se acordó proponerla como adjudicataria, pero dentro del plazo de 10 días hábiles para presentar la documentación no lo hizo, por lo que la Fundación 061 dio cuenta en el Consello de la Xunta del pasado lunes de esa contratación de emergencia del servicio, por un plazo de 6 meses prorrogables a 3, que será adjudicado antes del miércoles.