El documento de avance del Plan Xeral de Cangas contiene nueve propuestas de convenios urbanísticos de empresas y particulares, la mayoría enfocados al desarrollo residencial y, en menor medida, a equipamientos. Entre ellos figuran los dos más polémicos que quedaron sobre la mesa tras la suspensión del anterior planeamiento: el de Ubaldino Rodríguez, representante de Marina Atlántica, para los terrenos de Massó en O Salgueirón, y el de Juan Lago, en nombre de Promalar, en los montes de Aldán. A ellos se suman otros siete, entre los que se encuentra el de un propietario que pide sumarse al convenio de Juan Lago con la clasificación como urbanizable de un área situada entre el núcleo de San Cibrán, en Aldán, y Outeiro da Raposa, en O Hío. La lista se completa con los de una sociedad que también demanda que se mantenga un convenio anterior para uso de equipamientos en una finca situada en la ladera de Monte Carrasco; para desarrollar un área del Val do Fials hasta el circuito de motocross; para dos áreas del núcleo de Donón, en O Hío; para el área de Rozabales y Espiñeira, en Aldán; para la zona sur de Verín, en Coiro; y para una finca de Areamilla, en Darbo.

Opiniones desiguales

El informe de sugerencias elaborado por el equipo redactor, y que sirve de punto de partida para definir el Plan Xeral, muestra opiniones desiguales sobre cada propuesta y ve muchas dificultades en la mayoría de ellas. Para las que solicitan nuevos convenios de planeamiento, "e logo dunha primeira aproximación ás súas posibilidades de encaixe na proposta de ordenación do PXOM", señalan los técnicos, "estímase que algúns deles poderán ser aceptados (2); outro pode ser de máis difícil encaixe; e os tres restantes serán dun moi improbable encaixe". Con respecto al que pide sumarse al promovido en los montes de Aldán, su viabilidad pasa por la resolución de aquél, que, al igual que el de Massó, está más ligada a una solución política que técnica. "Para a súa resolución completa", dice el informe de Consultora Galega, "cómpre unha decisión concreta e unánime do goberno municipal", derivada "dos compromisos financeiros subscritos entre os propietarios que alegan e a anterior administración municipal, situación herdada pola actual".

Procedimiento

La Lei de Ordenación Urbanística de Galicia (LOUGA) reconoce al Concello las competencias para suscribir convenios urbanísticos de planeamiento relativos a la información, modificación o revisión de un plan de ordenación urbanística. Éstos "poderán negociarse e suscribirse, co carácter de preparatorios, con anterioridade á aprobación inicial" del Plan Xeral. En esta fase, las estipulaciones del convenio sólo tendrán el efecto de" vincular ás partes para a iniciativa e tramitación do pertinente procedimento sobre a base do acordo respecto da oportunidade, conveniencia e posibilidade de concretar solucións de ordenación", señala el avance, y añade que "en ningún caso vincularán ou condicionarán en calquera outra forma o exercicio, por parte da administración pública, á potestade do planeamento".

Revuelo político

A pesar de que, al menos en teoría, la inclusión de los convenios de Aldán y Massó en el documento de avance del PXOM, no condicionaría su desarrollo, la mera aparición ha contribuido a caldear el ambiente político. El concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, que fue el primero en recibir de manos del equipo redactor el documento de sugerencias al avance de planeamiento –a finales de setiembre, antes de que la alcaldesa le retirase las competencias en esa área–, lleva tiempo aludiendo a la recuperación de los convenios como constatación de un giro de sus aliados del gobierno, BNG y PSOE, con la alcaldesa al frente, en el modelo urbanístico que defienden y que, en opinión de ACE, traiciona los principios sobre los que se asienta el pacto de gobierno, cada día más en entredicho.

Nacionalistas y socialistas lo asumen como un derecho de los promotores a presentar las propuestas de convenio que estimen oportunas, más allá de que prosperen o no. Su aceptación o descarte dependerá de la viabilidade técnica y de los criterios políticos que se fijen llegado el momento. Para avanzar en la tramitación, el martes vuelven a reunirse el equipo redactor y la alcaldesa. Clara Millán informará de las novedades a sus socios de gobierno en la comisión de seguimiento del pacto, que ha decidido rescatar.