Vecinos de Darbo afectados por la ampliación ilegal del cementerio siguen esperando soluciones que no llegan. El viernes mantuvieron una reunión con el concejal de Obras y Servicios, Héctor Otero, a la que no pudo asistir la alcaldesa Clara Millán por razones personales. El gobierno insiste en que se encuentra, de momento, con las manos atadas, que es el promotor el que debe cumplir con la exigencia de la Consellería de Política Territorial, que le obliga a adquirir 5.000 metros cuadrados más para poder empezar a hablar de legalización de una construcción que se hizo a sus espaldas. Héctor Otero intentará mantener un encuentro esta semana con el promotor del cementerio, pero se reconoce que la solución no es fácil. Desde el gobierno se habla también de que como último recurso puede quedar el Plan Xeral de Ordenación Urbana, pero es una opción para la que no se quiere mirar demasiado porque supondría beneficiar a un “supuesto” infractor, si bien se ayudaría a los vecinos. El gobierno precintó en mayo del pasado año 192 nichos del cementerio.
La ampliación del cementerio de Darbo tiene casos diferentes. En unos casos, los panteones fueron construidos, pero sin licencia y siguen precintados; en otros, los compradores entregaron el dinero a los promotores (en unos casos a la empresa Pouba y, en otros posteriores Construcciones Nova Bon 21) y recibieron a cambio un justificante “como os das festas””, según manifestaron varios de los afectados, ya que en la carta de pago no se define la propiedad y los planos sobre los que se negociaron las operaciones son “moi xenéricos”. A los afectados siempre les queda el recurso judicial.
