El gerente de la hormigonera, ubicada en A Portela sobre la que recae una orden de demolición del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y 13 empleados de esta empresa propiedad de Luis Barros, presentaron el pasado día 13 de abril una denuncia en el Concello contra el resto de las empresas ubicadas en esta “zona industrial” por estar también en una situación de supuesta ilegalidad. El alto tribunal anuló la licencia concedida por el Concello al considerar que no se podía otorgar licencias provisionales en la citada zona para usos residencias e industriales. La Asociación de Vecinos de A Portela fue la que inició la demanda contra la hormigonera.
Según la documentación que los trabajadores presentaron en el Concello de Cangas, se trata de 19 empresas afectadas: Gasolinera Cepsa, Reparación Mecánica “Exitcar”, Electro Auto Cangas “Nissan”, Países Lejanos, Surtidos de Gasoleo al por Mayor, Ferrinox Morrazo S.L. Graña Caluar, Moradiña S.A., Imper-Nosa, Barca-Motor, Montajes Hermanos Ramallo, Raúl Cao Pereira, Concesionario Peugeot, Cordelería Central, Aluminios San Cosme, Construcciones metálicas Lusomar S.L, Frigoríficos Frisanco S.L. y Grúas Mafres. Los empleados señalan en su escrito que el Concello de Cangas no les facilitó un listado de las empresas instaladas en A Portela, por lo que “hemos realizado nuestras propias pesquisas y les comunicamos los nombres de las empresas a las que deberá incoárseles los preceptivos expedientes de protección de la legalidad, sin perjuicio de que ese Ayuntamiento, perfectamente conocedor del número de empresas allí instaladas, complete el listado y acuerde la adopción de las medidas”
En su demanda señalan que “si el ayuntamiento declara nula la licencia de obras que le concedió a la mercantil para la que trabajamos y pretende su cierre, está obligado a proceder de la misma manera a contar estas otras empresas, la que, en el mejor de los casos, se encuentran en la misma situación que “Prefabricados Luis Barros S.L.”. La denuncia es extensiva a todas las empresas que están instaladas en el supuesto polígono industrial previsto por el planeamiento urbanístico de Cangas y que se encuentra en una superficie de 20 hectáreas. Todas se han construido en el mismo suelo, presumiblemente industrial, por lo que solicitamos a ese Ayuntamiento que adopte con ellas las mismas medidas de protección de la legalidad urbanística en suelo rústico que prevé para la planta de hormigón”.
“La solución debe partir de quien lo originó”
Los empleados consideran que la solución al conflicto debe partir “de quien lo originó, o sea, de ese Ayuntamiento al que nos dirigimos, que es el único responsable de la situación de peligro en la que se ven ahora nuestros puestos de trabajo y los de muchas más personas empleados de estas otras naves que se verán en la calle de no solventarse la situación. Lo único que perseguimos es la justicia social que debe regir la adopción de soluciones generales para todos”.
Cabe recordar que el próximo día 4 de mayo finaliza el plazo de dos meses que tiene el Concello de Cangas para ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que ordena la demolición de la hormigonera. Tras conocer el fallo del alto tribunal, los vecinos de A Portela se reunieron para acordar si exigían o no la ejecución de la sentencia. Los afectados acordaron por unanimidad exigir el cierre y demolición de la hormigonera el pasado día 23 de marzo.
