De nada han servido las gestiones administrativas ni las obras realizadas para insonorizar su piso y evitar nuevas quejas vecinales. Mercedes Núñez y Antonio Calvar recibieron esta semana una notificación del Concello en la que le comunican que deberán pagar una multa de mil euros por los ruidos provocados por su hija al tocar el piano en su propia casa. La administración local no admite a trámite el recurso de revisión presentado, al considerar que no se aportan elementos novedosos a los que justificaron en su día la sanción tras las mediciones que determinaron una “contaminación acústica” de 42,2 decibelios, 7,5 por encima del máximo permitido. “É o último capítulo dun despropósito”, alegan ahora los afectados, que estudian recurrir por vía penal contra la resolución del Concello o, en última instancia, pagar los 1.000 euros de multa en Tesorería con monedas de un céntimo.

La historia de remonta al verano de 2007, cuando las quejas de un vecino por los ruidos generados por los ensayos domésticos de una alumna de la Escola Municipal de Música llevaron al Concello a realizar mediciones sonométricas que constataron la infracción. “É unha asignatura que ten que ensaiar na casa, como outros centos de nenos”, argumentan sus padres, que aún así optaron por encargar a una empresa que instalara una plancha de aislamiento acústico en el suelo de la sala donde se ubica el piano, y que ha surtido efecto. Además, presentaron alegaciones y realizaron gestiones en el Concello, hablaron con la alcaldesa y con la secretaria y se mostraron confiados en que el expediente se archivaría y no se les pasaría a cobro la multa.

Pero la denuncia siguió su trámite, y esta semana, pocos días antes de cumplirse el plazo de seis meses que tiene la Administración para dar respuesta, les llegó la carta que rechaza el recurso de revisión -al no darse las condiciones necesarias para esta “vía excepcional”, justifica la secretaria-, confirma la sanción de mil euros y abre la opción a un recurso de reposición o al contencioso-administrativo, una vía ésta que los afectados descartan, ya que les supondría unos gastos “duns 3.000 euros”, estiman. “Teriamos que pagar a multa e gastar máis de outro tanto en abogados e en trámites. Se non nos dan outro camiño, iremos pola vía penal”, avisan.