El exalcalde y portavoz municipal del PP de Lalín, José Crespo, presentó ayer en pleno una iniciativa que con toda seguridad marcará la política municipal en lo que resta de mandato. Su grupo, con el apoyo del edil no adscrito Juan José Cruz sacó adelante una moción mediante la que solicita dejar sin efecto la comisión de investigación, que, aprobada en pleno el 24 de noviembre de 2016 debía presentar conclusiones acerca de posibles irregularidades en la gestión del anterior grupo de gobierno.
La iniciativa plantea en sus acuerdos que, además de dar carpetazo a esta comisión por haber superado los plazos marcados en el acuerdo por el que fue creada, instar al secretario municipal a que remita a la Fiscalía en un plazo máximo de 15 días toda la documentación recuperada de ordenadores municipales para que sea este organismo judicial el que se encargue de dirimir si de la misma se deriva alguna responsabilidad. Y también que el alto funcionario envíe a la Fiscalía un certificado acerca del modo en el que fueron obtenidos dichos documentos, especificando la forma, medios técnicos, decretos si los hubiese y las personas que participaron en su obtención.
La moción presentada in voce cogió por sorpresa al grupo de gobierno y sobre todo al alcalde, Rafael Cuíña. "Vamos a apoyar esta propuesta, pero la iniciativa es suya; nosotros no lo haríamos, pero lo respeto", dijo el mandatario a Crespo. Instantes antes el secretario municipal, César López, precisó que él carece de atribuciones para remitir esta documentación a la Fiscalía, una vez que esta competencia corresponde a la Alcaldía. El gobierno trató en cierto modo de que los populares sacasen esta propuesta del pleno, algo a lo que Crespo se negó. "Íbamos a tener problemas en este sentido antes o después", dijo el portavoz conservador.
El exalcalde anunció que esta decisión llega, además de que la comisión de investigación superó los plazos marcados, por las persistentes amenazas del mandatario en las que desliza posibles ilegalidades en la etapa del PP en el Concello. Entiende que el primer edil no cerró esta investigación para utilizarla "como su tabla de salvación" cuando el PP ataca la gestión de su gobierno. En caso de que la Justicia determine que el anterior ejecutivo tiene alguna responsabilidad, los populares lo acatarán, pero no están dispuestos, dijo Crespo Iglesias, a soportar una presión que entienden injusta e innecesaria. Cuíña lamentó el paso dado por el grupo de la oposición y negó que, como se le echó en cara, tratase de manipular la comisión.
Esta comisión fue propuesta por el gobierno a instancias del PP el 21 de julio de 2016, cuando pidió que especificase la documentación extraída, de una forma cuando menos cuestionable, de ordenadores del concello. Y se fijaba un plazo de dos meses para dar cuenta al pleno de sus conclusiones. En caso de que no se formalizase prórroga alguna, el plazo expiraría a finales de enero del año pasado. Luego, el alcalde, en el pleno del 28 de abril de 2017, dijo que la comisión no fue activada hasta el 7 de febrero. El 17 de ese mes un funcionario presentaba su renuncia a formar parte de la misma y la Alcaldía designaba a otro empleado municipal. El cambio fue aceptado en pleno el 28 de abril, con lo que el plazo de remate de trabajo de la comisión finalizaría el 19 de junio. Por ello, el PP insiste en que se agotaron todos los plazos marcados sin que se arrojase luz acerca de las acusaciones vertidas por el cuatripartito, algo que los populares creen se circunscribe al debate político. Cruz apoyó la moción y pidió si sería posible analizar el recorrido legal de las acusaciones lanzadas contra él por un funcionario del área de Igualdade.
