El abogado Miguel Diéguez, al que el Concello de Lalín le contrató una asesoría para sacar adelante la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) defiende la legalidad de la adjudicación y asegura que sí ejecutó el contrato en función de las condiciones acordadas. El letrado expone que, según consta en la propia documentación municipal, su labor no era dejar rematada la RPT sino desarrollar un servicio de "asesoramiento y elaboración de propuesta de reestructuración de la RPT del Concello y de su organismo autónomo [Padroado Cultural], así como la reorganización de sus recursos". Para este contrato fueron aprobados un total de 20.570 euros, IVA incluido.

A juicio de Diéguez, beneficiario de un contrato menor improrrogable por más de un año, algo advertido en el informe de la interventora Eva Casal, la clave está precisamente en que su cometido no era otro que el de asesoramiento y no la conclusión de la RPT para su posterior aprobación y aplicación por parte del Concello. El abogado, cuestionado duramente por la alta funcionaria en un rotundo informe emitido días atrás, niega que las conclusiones de su trabajo fuesen remitidas fuera de plazo, en febrero pasado. En este sentido prueba el envío de correos electrónicos el 21 de noviembre de 2017 "con todo el expediente" al jefe de personal y responsable de recursos humanos, a los sindicatos y a sus delegados de los trabajadores. Ahí consta asimismo las conclusiones de la mesa de negociación con fecha 22 de junio de 2017. "Fue una propuesta de asesoramiento, no la elaboración de la RPT", reitera. Además de explicar que sí llevó a cabo la preparación de la documentación necesaria para encaminar la organización de los empleos públicos y que hubo contacto en todo momento con funcionarios y sindicatos, remarca que en pleno proceso saltó la resolución de Trabajo sobre la situación irregular de los empleados municipales y que incluso prestó asesoramiento en el caso del despido de un profesor del conservatorio. "No se facilitó documentación anterior y para colmo nos encontramos con la resolución de inspección de Trabajo", resalta. "Sí se prestó el servicio objeto del contrato; se aportó un informe-estudio completo de la situación actual para determinar o definir los complementos específicos; algo clave en todo proceso de posterior elaboración de una relación de puestos de trabajo", aduce, y dice que con Casal habló en al menos una ocasión en el mes de septiembre.

Diéguez hace hincapié en las dificultades con las que se topó para llevar a cabo su compromiso contractual con el Concello, una vez que, dice, la administración local no contaba con un trabajo previo de una RPT. "No había nada, lo único era un documento de hace diez años que ni siquiera había sido elaborado por el ayuntamiento, sino por la Diputación y nada en papel documentado". "Tuvimos que empezar a ciegas, prácticamente de cero", dice.

En lo que respecta al cobro de las facturas que fue emitiendo afirma que la anterior interventora municipal fue dando su visto bueno a cada una de ellas y por eso ingresó sus honorarios sin trabas. "No hay el mínimo reparo y por eso se aprobaron mensualmente", arguye el letrado.

Lo que queda ahora por dilucidar es qué pasa con los pagos pendientes, que habrían sido frenados por la interventora municipal, y que fueran conformados por la Alcaldía. También si, como asegura Diéguez, toda la información del proceso que fue enviando al jefe de personal, a los sindicatos y a los delegados de personal no llegó a la última interventora, pues la alta funcionaria insiste en su informe en que tuvo conocimiento de las conclusiones del expediente cuando el adjudicatario lo metió por registro en el mes pasado.