En torno a unas 30 extrabajadoras de la textil lalinense Guerral -la práctica totalidad de la plantilla- se concentraron ayer ante la tiende outlet que posee la firma en la calle Colón para protestar contra el retraso que acumula el trámite de liquidación de la empresa, que se firmó hace casi tres meses.

Las trabajadoras estuvieron acompañadas por representantes del sindicato CIG. Su secretario comarcal, Xabier Aboi, indica que han conseguido que la administración concursal les abonase, anteayer, un mes de salario. Pero es que a las trabajadoras se les adeudaban hasta siete, de modo que muchas de estas familias se están enfrentando incluso a amenazas de desahucio por no poder pagar las letras de la hipoteca.

Confecciones Guerral debe, entre salarios de personal y pasivos con proveedores, más de cuatro millones de euros. En 2014 las hermanas Ángeles y Milagros Guerra solicitaron de forma voluntaria un concurso de acreedores, y en marzo del año siguiente se llegaba a un acuerdo para abonar, en nueve años, los 2,9 millones que se debían por entonces. La textil, que no fue ajena a la crisis económica ni a la tremenda competencia de las marcas de bajo coste, no pudo cumplir este convenio, hasta el punto de que "no se pagó ni la luz, ni siquiera los tributos", asegura Xabier Aboi, quien se extraña de que ante esta cadena de impagos no actúen la Xunta o Hacienda.

Las dueñas de Guerral tienen un patrimonio valorado en más de 15 millones de euros y que incluye un chalé en O Grove, solares en A Toxa y varios inmuebles y terrenos en Lalín o A Coruña. "Pero esos cuatro millones que deben se van a quedar en el limbo, nadie va a cobrar porque es muy difícil que puedan vender estas propiedades" y así saldar sus deudas. En un discurso muy crítico contra las hermanas Guerra, Aboi las reprende porque "ya tienen una nueva firma, y también pedidos con el muestrario que enseñan a clientes de toda España y que sustrajeron de la nave". Asegura que la nueva empresa tendrá su tienda, precisamente, en el outlet de Colón. Aboi deja caer, también, "que se empleó dinero en negro en las relaciones comerciales".

En sus mejores tiempos, Confecciones Guerral llegó a tener una plantilla de 90 trabajadoras y nueve tiendas, de las que hoy quedan abierta sólo tres. Para la CIG, la situación en que se encuentra la firma es producto, sobre todo, "de una gestión nefasta, con peleas entre las familias". Asegura que fue Ángeles Guerra la que decidió, de forma unilateral "incumplir todo lo acordado en el convenio", y quien desde 2016 estuvo "preparando la quiebra de la empresa". Sí hubo acuerdo entre las hermanas para solicitar la liquidación en junio pasado, añade.