El secretario comarcal de Deza y Tabeirós-Terra de Montes de la Confederación Intersindical Galega (CIG), Antón Álvarez Merayo, trasladó ayer que este sindicato se está planteando "seriamente" emprender diversas acciones ante el conflicto laboral existente en el seno del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) del Concello de Forcarei. Explicó que se está valorando, a partir de la reunión que la organización piensa mantener en septiembre con todas la trabajadoras, la convocatoria de una "huelga de carácter indefinido" si no se solventa la situación actual. "Ya no cobramos; lo mismo nos da quedarnos en casa", apuntó Merayo en relación al conflicto que, apuntó, arrastran diversas empleadas.

Álvarez Merayo enumeró diversos problemas con la anterior concesionaria del servicio, una situación que la CIG ha venido denunciado en varias ocasiones. Apuntó que está presentó de forma "unilateral" una cláusula de descuelgue y que, a raíz de ello, se presentaron varias demandas. "A la gente que lo denunció por esta cláusula no le paga", dijo Antón Álvarez, que explicó que esta fórmula posibilitaría a la empresa a negociar en un momento dado, por cuestiones de crisis económica o de falta de liquidez, una reducción de los salarios conforme a convenio pero indicó que en este caso "no negoció con nadie". Indicó que cinco trabajadoras del SAF acumulan cuantías por impago correspondientes a unos "tres meses y medio". "Ya tenemos presentada una denuncia que tendrá juicio en noviembre", dijo, para más tarde apuntar: "También tenemos una denuncia favorable de la Inspección del SAF de Forcarei donde dice que el reparto de la jornada laboral es ilegal porque no hay descanso suficiente entre jornadas para las trabajadoras".

En este contexto, este año salió a concurso de nuevo el servicio. La CIG asegura haber remitido a principios de julio una carta al Concello explicando todos estos problemas y afirma no haber obtenido respuesta. El concurso se resolvió y la adjudicataria propuesta resultó ser la firma Serinter.

El sindicato indicó que las trabajadoras se reunieron con la empresa. "Les dije que tenían que decirle que hay una deuda y que, si ella entra y la empresa a la que denunciamos no paga, se tiene que hacer responsable subsidiaria porque así lo marca la ley", informó Ávarez Merayo. El responsable comarcal de la CIG aludió al carácter amable y dialogante de la interlocutora de esta firma y aseguró que dijo a las trabajadoras "que no sabía nada y que no podía asumir esa deuda porque es bastante dinero". Fue entonces cuando Merayo explicó que se llamó a la alcaldesa de Forcarei, Belén Cachafeiro.

"Por parte del concello se dice que ellos no se hacen responsable de ello, que no es cosa de ellos (...) y que tienen cinco días, que o arreglan con esta empresa y hacen borrón y cuenta nueva, perdonan los tres meses y siguen trabajando y a partir de ahora cobran bien, o firma con la anterior ", apuntó el sindicalista, que también apuntó que "si la alcaldesa insiste en hablar de este modo, igual hay que hablar con la Fiscalía".

Temiendo que la empresa entrante decida renunciar, Álvarez Merayo sostuvo que "el Concello no informó de lo que pasaba aquí". "Creo que este concurso está mal hecho porque hubo una ocultación de información", manifestó.