La corporación de Lalín aprobó ayer una propuesta que, además de singular, podría crear un precedente acerca de las competencias de las administraciones locales. El PP respaldó una moción del grupo de gobierno mediante la que pide a la Xunta autorización para activar planes de empleo con los que atajar la todavía sangría del paro. Esta propuesta va más allá, pues no se ciñe a que la consellería de su visto bueno para que el Concello destine fondos de remanente de tesorería a un programa que busca la inserción laboral de los desempleados de larga duración y otro para jóvenes, sino que propone que el ayuntamiento tenga capacidad para gestionar las políticas de empleo, que están en manos de la Xunta. Esta descentralización de competencias -en este caso ceñidas solo al empleo- que figura en la parte expositiva de la moción será remitida a la Xunta y a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
La edil Katia Procino explicó que Hacienda no permite, por tratarse de una competencia impropia, habilitar más de 100.000 euros a unos planes con los que atender "el principal problema que nos trasladan los vecinos constantemente", declaró el alcalde, Rafael Cuiña.
El portavoz del PP, José Crespo, valoró esta iniciativa, si bien dudó de que fuese necesario aprobarla mediante una propuesta plenaria, además de precisar que la Diputación provincial también desarrolló en los últimos años programas de inserción laboral sin ser expresamente un cometido propio. Cuiña replicó que así fue recomendado por los técnicos e invitó al grupo popular a sumarse en unos programas ya previstos por el gobierno local, que comprenden 35.000 euros para un plan laboral juvenil y otros 100.000 para desocupados de larga duración.
Aunque durante el pleno hubo más de un momento para la disensión entre gobierno y oposición y volvieron las palabras altisonantes, sí hubo cuorum en la exigencia a la Xunta de la construcción del ansiado y aparcado desde hace años edificio de Medio Rural. A este pacto se llegó cuando los ediles del ejecutivo José Manuel Hermida y Francisco Vilariño denunciaron las carencias existentes desde hace años en la oficina agraria comarcal de la Xunta de la calle Areal. Crespo dijo coincidir en que la situación que provocó la concentración de los trabajadores esta semana es admisible y que este servicio no reúne, en su actual ubicación, las condiciones mínimas de accesibilidad y tampoco laborales para la plantilla. Por eso pidió al gobierno que fuese más ambicioso y, al margen del traslado a otro inmueble, la corporación reivindicase el inmueble de Medio Rural cuyo proyecto había pactado él mismo con el bipartito. Vilariño echó la vista atrás para recordar que desde que el PP desembarcó en la Xunta este proyecto quedó olvidado "y el dinero se dedicó a otras cosas".
El debate fue interrumpido por el concejal de Urbanismo, Nicolás González Casares, para desvelar que aquel acuerdo de 2011 nunca había sido refrendado en los años de margen estipulados en el mismo, de ahí que quizá actualmente fuese papel mojado. "Usted -a Crespo- era una máquina de firmar convenios, pero luego no se cumplían", declaró Casares, que encontró en el portavoz del PP como respuesta: "firmé yo más convenios en un año de los que va a firmar este gobierno en todo el mandato". Vilariño tomó la respuesta de la consellería acerca de los planes que tiene para el traslado de esta oficina comarcal, tachándola de "vomitiva" una vez que no aclara nada. Cree que al afirmar que se valora llevarla a un inmueble propio de la Xunta o buscar un alquiler solo se está ganando tiempo hasta las elecciones autonómicas y sin tomar una decisión al respecto.
Aceras en Goiás
En materia de infraestructuras y también por unanimidad salió adelante la petición a Fomento de construcción de aceras en la recta de Goiás, en el tramo sin este servicio. Casares, que defendió la moción, aceptó que podrían ser sendas peatonales luego de que Crespo le advirtiese que en 2007 el edil Antonio Rodríguez había presentado una propuesta idéntica y ésta fue reparada por el ministerio. Fomento se excusó, para no acometer las obras, en que las aceras partían de terrenos de un tramo urbano, además de otros problemas técnicos. Casares dijo que en la propia moción se alude a aceras o a pasos peatonales para que el proyecto salga adelante, también con financiación municipal.
Por otro lado, los populares preguntaron si la ampliación de sepulturas y nichos del cementerio de A Romea podía acometerse sin ensanchar este recinto. Crespo pidió al gobierno que no aparcase el proceso expropiatorio de terrenos para la ampliación de este camposanto, máxime cuando todo el afectado podrá acabar judicializando el procedimiento. "Es un error no ampliarlo", exclamó Crespo. El edil de Urbanismo aseguró que con esta dotación de más sepulturas se atiende la demanda y que la extensión del camposanto no se descarta a largo plazo.
La concejala del PP Paz Pérez y el edil de Benestar Social, Nicolás González Casares, libraron una dura batalla dialéctica por cuestiones relacionadas con este departamento como la licitación del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) o la nueva ordenanza que regula las ayudas en materia de inclusión social. Pérez recriminó al grupo de gobierno que sacase pecho con sus medidas y que en cierta medida tratase de desacreditar el trabajo hecho por anteriores equipos del PP.
En relación al SAF, Paz Pérez apuntó que las mejoras en el nuevo contrato se deben a que la Xunta habilita más recursos, no por capacidad de la administración local. En este sentido echó en falta más voluntad por dar respuesta a los casos de libre concurrencia, donde sí puede actuar el Concello, pues los de dependencia ya están valorados por la Xunta. "Los 115.000 euros que amplían son de la aportación de la consellería", recalcó. Volvió a opinar que los 1.500 euros que se prevén invertir en libre concurrencia son claramente insuficientes, además de asegurar que con el anterior gobierno, el año pasado, no había lista de espera y ahora se dan ocho casos. "Quizá esta lista de espera sea más alta por la despreocupación de este gobierno", apostilló. En este punto, Casares pidió a la concejala mesura y que no dejase caer que había más casos de los oficiales.
El edil de Benestar Social expuso que para septiembre se prevé adjudicar el SAF por cuatro años, al que se destinarán 2,6 millones de euros y que incluye novedades como el transporte adaptado de los usuarios, prestación de fisioterapia y otros recursos, además de que se protegen las condiciones laborales de los trabajadores que, deberán ser subrogados por la adjudicataria. La concesión por cuatro años, según Casares, está pensada para que este contrato no ate las manos a los sucesivos gobiernos, que, cada mandato, deberán sacar a concurso este servicio en las condiciones que estime más oportunas. Paz Pérez, muy incisiva en un tema que domina por su profesión, pidió al gobierno local que no tratase de cuestionar el trabajo de los anteriores ejecutivos del PP. En el caso de los trabajadores manifestó que pese a los problemas que hubo con la empresa siempre fueron amparados por el Concello y que actualmente 28 de las 34 personas que atienden este servicio tienen un contrato indefinido. Cuando Paz Pérez estaba en el momento más álgido del debate el alcalde dijo a la bancada de la oposición que el PP no debía dar lecciones en el ámbito de los servicios sociales cuando aplicó recortes en dependencia o en gasto sanitario. "Mucha gente se quedó por el camino, así que el Partido Popular tiene credibilidad cero en esto", declaró Cuiña.
La nueva ordenanza de concesión de ayudas de emergencia social en sus distintas tipologías fue defendida por el gobierno local como una forma idónea de articular el reparto de estos fondos a los que lo precisa, además de hacer hincapié en las vías de colaboración que el Concello tiene con asociaciones de índole social. Paz Pérez volvió a la carga, al asegurar que de las 245 familias en situación de vulnerabilidad se pasó en la actualidad a 264 y, reiterando el trabajo de los gobiernos de los que formó parte, dijo que nunca se había permitido que se cortase la luz a una familia o que ninguna "quedó desatendida". "No se ponga medallas de salvador, porque estas cosas me duelen mucho", espetó a González Casares. El miembro del ejecutivo aludió en su réplica al incremento en la financiación, aunque siempre teniendo como objetivo que no fuese necesario destinar dinero a familias en estas situaciones.
Por otro lado, el ejecutivo votó en contra de un plan de fomento de la natalidad por entender que este fenómeno no está ligado a las ayudas por alumbramiento sino a una situación económica favorable y en la que las parejas tengan un puesto de trabajo.
