Conforme vaya aplicándose, el recién aprobado decreto lácteo tendrá que someterse a nuevas modificaciones, para adaptarse a un mercado sin cuotas y a las necesidades de ganaderos e industrias. Estos futuros cambios son el único punto en que están de acuerdo las dos organizaciones agrarias más relevantes del panorama gallego, Asaja Galicia y Unións Agrarias, a la hora de valorar el texto que ya está en vigor desde el domingo y que sustituye al decreto que se aprobó hace casi tres años.
El secretario general de Asaja-Galicia, Francisco Bello, considera muy relevante que, en caso de rechazar contratos de un año, es el propio ganadero quien tiene que comunicarlo por escrito ante la administración. Deberá alegar el porqué de esta renuncia, y Medio Rural se encargará de corroborar si se trata de un argumento válido. "Queremos ver cómo hace la Xunta" para aclarar si se trata de una renuncia voluntaria o si obedece a una presión de la industria, tal y como está ocurriendo durante estos meses, apostilla el líder comarcal de Unións Agrarias, Román Santalla. El lalinense echa en falta que la nueva norma no abordase los pactos entre ganaderos y cooperativas compradoras, e insiste en que, a la hora de hablar de precios, se opte por un modelo variable "en base a modelos de indexación, ya sea a través de las referencias que ofrece la Interprofesional Láctea o siguiendo los mercados de Alemania y Francia", propone.
Con el nuevo decreto, la industria tiene que presentar un contrato al ganadero dos meses antes de que finalice el pacto en vigor o, si se trata de un contrato nuevo, dos meses antes de que comiencen las entregas. Bello compara estos acuerdos con los que se hacen al firmar una hipoteca, en las que aparece una cláusula suelo y un tipo variable. Los contratos pasarán a un registro del Magrama, que hasta ahora manejaba la Inlac y que, a menos de un mes para la nueva campaña, aún está sin crear, recuerda Santalla. Bello tiene claro que la industria continúa poseyendo más armas que el ganadero a la hora de negociar precios y volúmenes de leche, porque siempre puede amenazar con que importa leche de otros países europeos para cubrir el déficit español. Mientras Bello cree que el nuevo decreto "irá cerrando poco a poco las libertades de las industrias", Santalla está seguro de que éstas y la distribución "van a dinamitar los contratos". Por eso pide un pacto de estado para negociar esos volúmenes de leche.
