El colectivo de taxistas lalinense estima que sobran 9 licencias en el municipio y así se lo transmitirá a los representantes del gobierno local para que tomen cartas en el asunto de forma "urgente". El presidente de la Asociación de Taxis de Lalín, Orlando Val, afirma que lleva tiempo esperando por un encuentro en el que se analizará la nueva legislación, que establece condiciones que interpreta como ventajosas, aunque al mismo tiempo repara en otras que, cree, no harán más que liquidar a un sector que no pasa por su mejor momento.

Val señala que de los 29 permisos actuales -se incluyen los tramitados en su momento en el rural- es preciso suprimir nueve e insta al ejecutivo local a actuar cuanto antes para favorecer la viabilidad de un negocio que languidece y que trata de resistir pese a la competencia desleal. Hace un par de meses, el representante gremial ya había advertido de la necesidad de controlar las prácticas irregulares, algo con lo que coinciden algunos de sus colegas, que, sin embargo, cuestionan al presidente. Aseveran que el colectivo no funciona como debería y que Val no acude a diario a las paradas. En todo caso, estos profesionales, sí estiman que es preciso tomar medidas para que su actividad empresarial no esté permanentemente atacada por la competencia desleal. En casos, dicen, son personas que dejaron su actividad reglamentaria pero siguen transportando personas que contactan con ellos para, sobre todo, desplazamientos de media o larga distancia.

Orlando Val señala que la ley que afecta a los taxistas también implica la intervención del ayuntamiento con la supresión de licencias. Dice que existen al menos dos de jubilados y que con el nuevo escenario se quedaría con un servicio de transporte para cada 10.000 habitantes, tal y como establecía la normativa. "En la ciudad de Barcelona se deshicieron de 6.000 licencias y aquí algo habrá que hacer, aunque la situación no es sencilla", aduce Val, en alusión a las escasas opciones de que la venta de un permiso pueda concretarse de una forma ventajosa para su propietario. Si años atrás se pagaba por una autorización 18.000 euros -con vehículo incluido- ahora la cuantía es, casi, ridícula, y siempre que se encuentre un comprador.

Por ello, en cuestión de días, Val pretende citarse con el responsable municipal de Tráfico, Camilo González Bodaño, para conocer su postura. Cabe apuntar que el edil dijo que se esperaría a actuar hasta la entrada en vigor de la nueva legislación y que la Policía Local trataba de identificar a los taxistas sin licencia. La ley establece multas de hasta 6.000 euros por intrusismo.

Más tajante se muestra el presidente del gremio lalinense sobre la colocación de los taxímetros en sus coches. "A eso nos vamos a negar tajantemente, porque esto no es una ciudad y aquí los trayectos, en muchos casos, son muy pequeños". Por la a bajada de bandera los taxistas cobra ahora 4 euros.