Justo un mes después de que estallara la crisis económica en la constructora lalinense Proinsa, la situación comienza a esclarecerse. Con el proceso concursal de acreedores entregado en los juzgados de lo Mercantil de Pontevedra, muchos trabajadores de la empresa han conseguido rehacer su situación particular y encontrar un nuevo trabajo. Así, según los sindicatos, algo más de la tercera parte de los 240 empleados del grupo, en torno a un centenar, han conseguido recolocarse en el sector de la construcción.

No obstante, las organizaciones sindicales continúan trabajando para aclarar el futuro del resto ya que son conscientes de que sigue habiendo unos 150 en el paro y por ello están preparando listas concretas para los planes de formación y recolocación comprometidos por la Dirección Xeral de Relacións Laborais. En principio, estiman que ésta sería una buena salida para los operarios con menor cualificación, es decir, los peones y los oficiales de segunda, con lo que se trataría de entre 70 y 75 empleados.

En principio, habrá dos planes de estas características, con una capacidad para 50 personas cada uno, en la comarca dezana. Esta cifra satisface a los sindicatos, pero han detectado que en el área de Pontevedra y Vilagarcía de Arousa hay un grueso de operarios afectados similar al de la zona de Lalín. Por ello, los sindicalistas buscan fijar un encuentro con los responsables del Concello de Pontevedra para que haya otro plan de empleo en su zona de influencia, en la que residían bastantes trabajadores de Proinsa y Seixo -dos de las empresas del grupo constructor junto con Inyeuropa-.

En el ámbito judicial, en la jornada de ayer se produjeron nuevos actos de conciliación de trabajadores que seguirán en el día de hoy, aunque en cualquier caso estas denuncias previas se están trasladando automáticamente al Juzgado de lo Social, ya que los representantes de la empresa lalinense siguen sin comparecer en los mismos. Por otra parte, el juzgado mercantil aún no ha procedido, según comentaron los sindicatos, a la designación de interventores judiciales para la constructora.