Los propietarios del Pazo de Vista Alegre han interpuesto un contencioso administrativo contra la decisión del Concello de Vilagarcía de impedir el paso de vehículos por la zona peatonalizada. En la demanda solicitan al juez que anule la decisión o, en su defecto, que obligue a la administración municipal a indemnizarles económicamente por los perjuicios que, a su entender, les ha provocado la obra.

La familia Sánchez de Diego Fernández de la Riva solicita, en concreto, que el juez declare no conformes a derecho y por lo tanto anule, los actos administrativos dictados por el gobierno local por los que se consideran afectados. En primer lugar, el que tiene como objetivo impedir el acceso de vehículos al pazo y en segundo lugar, el que anuló la licencia de carruajes que en su día les habían concedido para la entrada de Vista Alegre. Los dueños del inmueble pagaban dos "impuestos de carruajes" que les permitían acceder al Pazo tanto por dicha calle de Vista Alegre como por la posterior, es decir, por Valle Inclán. Pero, tras las obras de peatonalización, el concello anuló la primera dado que no podían cobrar por un derecho (el de acceso motorizado por esa zona) que acababan de suprimir.

Quitar los bolardos

Ahora, los propietarios piden que el juez anule ambas decisiones del ayuntamiento y que, como consecuencia, se le condene a remover aquellos obstáculos que les impiden acceder a su propiedad con vehículos, es decir, los bolardos y señales colocados por orden del gobierno local.

De no ser así, es decir, si el juzgado entiende que los acuerdos son conformes a derecho, los propietarios piden que se condene al concello vilagarciano a indemnizarles por el perjuicio que, a su entender, les causa el cambio.

Y proponen dos fórmulas para hacerlo. La primera es que las arcas municipales les abonen 47.667,32 euros. Explican que es el coste presupuestado para adecentar el acceso de la finca por la calle Valle Inclán, que es la única que, de mantenerse la prohibición, podrán usar para acceder con los vehículos hasta las cocheras y la edificación del pazo.

Pero si esto no fuera factible, proponen una segunda alternativa: Que se condene al ayuntamiento a indemnizarles con el coste de cinco plazas de garaje en una edificación próxima al pazo y a mayores, se les indemnice en una cantidad, todavía sin fijar, por el desvalor que supondría a la propiedad el hecho de que se impida el acceso a turismos privados por la entrada principal desde la vía pública

El caso, que está en manos del juzgado contencioso administrativo número 1 de Pontevedra, está en este momento en período de prueba. La previsión es que no se celebre vista. Que las partes, es decir, propietarios y concello, presenten por escrito sus conclusiones o, lo que es lo mismo, las razones en las que basan sus respectivas posturas.

Antes de la presentación del contencioso, los propietarios del Pazo de Vista Alegre ya habían mostrado su disconformidad con la decisión del concello de impedir el paso de vehículos. Aseguraban que su garaje era el único de la ciudad que no tenía acceso tras una peatonalización y llegaron a colocar pancartas en el monumento para mostrar su enfado.