El Ministerio Fiscal ha solicitado la apertura de juicio oral respecto de Fabricio Fernández Aguín por un supuesto delito de malversación de caudales públicos y propone la imposición de una pena de seis años y un día de prisión y quince años de inhabilitación absoluta además de devolver a la cofradía de pescadores San Martiño más de medio millón de euros que han desaparecido en su desempeño de las funciones como gestor económico del pósito entre 2003 y 2010.

En el auto de apertura de juicio oral dictado por el Juzgado de Cambados se pone de manifiesto que el acusado "en el momento de cometerse los hechos estaba aquejado del trastorno del control de impulsos conocido como ludopatía" por lo que "tenía limitadas sus capacidades de actuar conforme a dicha comprensión, es decir, volitivas o de querer, exclusivamente en lo referente a los juegos de azar".

Añade que como consecuencia de este trastorno psicológico "Fabricio (Fernández) se gastó en el Casino de La Toja un total de 47.400 euros entre los días 7 de marzo de 2009 y el 7 de abril de 2010".

En total se explica en el escrito judicial, el contable de la cofradía incorporó a su patrimonio "un total de 505.515,83 euros" tras retirar fondos de las entidades Banesto y La Caixa de forma paulatina, es decir, cuando las iba necesitando.

Se subraya en el citado escrito el hecho de que las dos entidades actuaron de una forma "negligente" cuando entregó las cantidades que solicitaba Fabricio Fernández pues el acuerdo de la Cofradía de Pescadores de O Grove establecía que "la retirada de fondos tenía que ser solicitada de forma mancomunada por el contable y Francisco Iglesias Prol -en aquel entonces patrón mayor-, mediante la firma conjunta de las dos personas".

Así de la entidad Banesto sacó en los años 2009 y 2010 "un importe de 23.500 euros de la cuenta de la Cofradía sin el conocimiento, consentimiento ni firma del patrón mayor Francisco José Iglesias Prol".

En el listado se señala que también transfirió otros 10.500 euros a su cuenta personal de forma telemática.

Respecto de La Caixa también observa que la entidad obró de forma "negligente" cuando permitió que el acusado realizase por sí mismo varias transferencias bancarias, vía internet, "desde la cuenta de la Cofradía hacia su propia cuenta" por importes que superaron los 220.000 euros, en aquellos mismos años. Tampoco contaba en esta ocasión con el beneplácito del patrón mayor.

Pero no quedó ahí el supuesto desfalco ya que según el escrito de acusación, Fabricio Fernández "retiró en diversas fechas de 2010 de la caja de la cofradía un total de 13.000 euros en efectivo, que hizo suyos, en vez de haberlos ingresado en las cuentas bancarias corporativas".

A mayores se subraya en el auto que el acusado "tuvo a su disposición durante los años 2009 y 2010 un total de 26.205 euros procedentes de los depósitos que los clientes de la Cofradía debían efectuar como garantía para poder comprar en la lonja".

Y como colofón indican que el empleado de la cofradía también "hizo suyos un total de 212.050 euros procedentes de la recaudación por ventas de la Pescadería de la Cofradía en los años 2009 y 2010".

Esta actuación puso a la entidad al borde de la quiebra en aquellas fechas con "una delicada situación económica y falta de liquidez, de tal suerte que no pudo abonar a la Consellería de Facenda la tasa derivada de las ventas en lonja, lo que implicó que tuviera que pagar un recargo por mora de 46.726 euros y 32.000 por intereses, lo que supuso un perjuicio de 78.765 euros".

A la vez se indica que la cofradía tenía contratado un seguro que cubría el riesgo de apropiación indebida por parte de empleados de la entidad, hasta un montante máximo de 7.000 euros.

El caso será juzgado en la Audiencia Provincial de Pontevedra a través de la institución del jurado en el que se determina que Fabricio Fernández Aguín es el único acusado aunque las entidades Banco Santander y La Caixa deben responder como responsables civiles subsidiarios, a efectos pecuniarios.

Precisamente a esos efectos de responsabilidad se solicitan avales suficientes para cubrir el importe de 584.230 euros que se reclaman a Fabricio Fernández; y 34.000 euros al Santander y220.000 a Caixabank, para lo que se les da el plazo de un día antes de embargar.

La defensa del acusado solicita la continuación del procedimiento por un delito continuado de malversación de caudales públicos con atenuantes por lo que solicita la imposición de una pena de un año y diez meses de prisión y cuatro de inhabilitación absoluta, a la vez que propone la devolución de 34.000 euros a Banesto y otros 220.000 a La Caixa.

Las dos entidades referidas presentaron escrito de defensa en el que niegan los hechos expuestos por el Ministerio Fiscal y la acusación particular, al respecto de la firma.