Los extrabajadores de la empresa vilagarciana Marconsa, desesperados porque tienen pendiente de cobro salarios desde abril de 2013, han decidido manifestarse en Pontevedra ante la sede de la administradora judicial con el fin de presionar para que se liquide la empresa de una vez y proceda al pago de las deudas salariales. Los exempleados declararon ayer que están dispuestos a manifestarse todos los días y que solo cesarán su reivindicación el día que perciban el dinero que les adeuda la empresa.
La empresa constructora, que llegó a contabilizar más de un centenar de trabajadores, en el último año se quedó con poco más de una docena de operarios a los que adeuda salarios, paga extraordinaria del año pasado, así como la liquidación por despido.
Marconsa se dedicaba a obra civil y de la Administración pública. La crisis económica afectó su nivel de trabajo en la obra privada, dedicándose más a las contrataciones públicas. Pero fue acumulando deuda por impagos, hasta que no pudo hacer frente a los pagos impositivos, cuotas de la seguridad y salarios. La Administración exige a las empresas contratistas estar al día en estos pagos, por lo que le retiró la obra pública.
La constructora Marconsa entró en concurso de acreedores que desembocó en la liquidación de la empresa.
La pasada semana se llevó a cabo en el Juzgado de Pontevedra la subasta de los bienes de la constructora, distribuidos en dos paquetes. Uno de ellos era la planta asfáltica ubicada en Catoira, sobre la que pesaba un crédito hipotecario. El otro incluía los equipamientos de la empresa, tales como mobiliario, camiones y herramientas especializadas.
El juez, antes de otorgar el lote a la oferta que llegó al Juzgado consultó con la administradora judicial para ver si podía mejorar la propuesta. La respuesta fue positiva, por lo que el titular del Juzgado decidió otorgar un plazo de diez días a la administradora judicial. Los extrabajadores contaban ya con cobrar estos días tras la subasta, pero tendrán que esperar a que se resuelva este asunto. La deuda que reclaman en total no llega a los 200.000 euros y creen que habrá dinero suficiente para que les paguen una vez que se adjudiquen los bienes de la subasta.
