La iniciativa de ayer del PP local en el Parlamento gallego tenía un objetivo claro: denunciar que los composteros comunitarios que instala el Concello necesitan de una autorización expresa de la Xunta y el gobierno local nunca la pidió. La directora xeral de Calidade Ambiental admitió que "no hay una regulación específica" para esta modalidad, por lo que se debe aplicar una ley de 2011 de residuos y suelos contaminados que equipara estos centros colectivos con una "gestión de residuos". Como tal, "es necesaria una autorización previa y no nos consta solicitud o comunicación alguna del Concello de la Diputación", insistió Ferreira.
A su juicio, este tipo de compostaje, que no lleva a cabo Sogama, es una "actividad con cierta incidencia ambiental y sin un seguimiento exhaustivo puede producir un impacto sobre el medio". Al respecto, el Concello utiliza a los maestros composteros de la Diputación para ese control.
La iniciativa de ayer, en la que no es posible debate alguno ya que se trata de una pregunta que responde la Xunta sin más, coincide con la fase de instalación de nuevos composteros colectivos por parte del Concello. Después de fracasar su expansión por Monte Porreiro y su montaje en Campolongo, por falta de implicación vecinal, sí se activó el modelo recientemente en San Blas (Salcedo) y Eduardo Pondal, el primero del centro urbano, y se trabaja en la colocación de otros en el entorno de la estación de autobuses y de la avenida de Vigo. Para el resto de la ciudad aún no hay previsiones definidas.
