La concejala de Urbanismo, Áurea Soto, decidió pasar al ataque, y ayer formalizó una denuncia en el juzgado de guardia para que se investigue un presunto delito de malversación de fondos públicos, pero sin concretar acusación concreta, aunque la documentación aportada hace referencia a los gobiernos del Partido Popular entre 1997 y 2002, al no cobrar el 10% del aprovechamiento urbanístico y alude a un informe del arquitecto municipal del año 2004, en el que se señala que la ciudad podría haber perdido 1,6 millones de euros por este concepto.
Soto, aunque en su comparencia pública eludió responder a la pregunta de si la denuncia era a título personal o del gobierno municipal -aclaración que hizo posteriormente una responsable del gabinete de comunicación, que es la hija del alcalde- en el sentido de que la denunciante era la edil de Urbanismo, por lo tanto al margen del gobierno socialista, lo que acentúa la división interna que existe, sostiene que en ese periodo se "regalaba" a constructores y promotores las cesiones urbanísticas, bien en la cuantía económica del 10% o en terrenos, como así lo establecía la legislación vigente, y citó en concreto la Ley del Suelo de 1997.
Los argumentos esgrimidos ayer por la edil de Urbanismo para acudir al juzgado, ámbito en el que se encuentra inmersa con seis imputaciones en otras tantas investigaciones judiciales abiertas, es por la preocupación de que vuelva a suceder, sobre todo por la judicialización en que entró la política municipal, preferentemente en el área urbanística, que tienen como objetivo "echarnos a nosotros -el actual gobierno socialista- para que constructores y promotores vuelvan a llevarse el patrimonio municipal", en alusión a la cesión del correspondiente aprovechamiento urbanístico.
De ahí que Áurea Soto explicó que la finalidad de la denuncia judicial que presentó es que no se vuelva a perder más dinero público por lo que se presentó una denuncia "perfectamente documentada". Y asegura que las irregularidades no están prescritas por la gravedad de los hechos producidos, "no solo por el valor de lo malversado, sino además por el daño que se ha producido al servicio público, pues se ha perjudicado gravemente al patrimonio municipal del suelo y, en última instancia, a los vecinos de Ourense", como concreta en la denuncia.
En cuanto a que no se presentase, cuando el informe del técnico municipal que ahora esgrime para apuntalar la denuncia, la justificación dada fue "que estábamos a otras cosas", y pasó a relatar una serie de proyectos realizados, así como "a pelear ante los tribunales por los intereses del Concello.
Mensaje a la judicatura
Pero de nuevo la edil de Urbanismo dirigió sus críticas hacia la judicatura, a la que en esta ocasión también envió un mensaje, en el sentido de que "trabajará arreo en esta denuncia", y de nuevo aludió a los más de 1,6 millones de euros que se habría perdido la ciudad al "regalar" ese aprovechamiento urbanístico, que afectaría a unos 15 ámbitos de actuación en diferentes zonas de la ciudad.
Y de inmediato cuestionó otras investigaciones judiciales, en las que está inmersa como imputada, como es el caso de la Plaza de San Antonio, que considera que "no tiene relevancia," y que se puso en marcha un promotor que está enfrentado con el Concello, en concreto con la edil de Urbanismo, contando para ello con "sus acólitos", los ediles de Democracia Ourensana.
La otra consigna de Áurea Soto a la judicatura ourensana, en concreto a los jueces de instrucción, la cimentó aludiendo a la titular del Juzgado de Lugo, Pilar de Lara, por la operación Pokemon, en la que está imputado el exacalde, Francisco Rodríguez, ya que "abre diligencias por cualquier cosa".
