Cataluña, hipótesis ante un nuevo ‘procés’

Uno de los argumentos esgrimidos por Sánchez y algunos partidos para revocar artículos del Código Penal, como el de la rebelión, la malversación e incluso la sedición, sobre los imputados del ‘procés’, es que un problema político debe resolverse dentro del ámbito político.

Sin entrar en consideraciones, e incluso aceptando ‘a priori’ que el problema catalán (aunque no lo creo) pudiera circunscribirse a la política, propondré algunas preguntas que entroncan con los anteriores gobiernos de la Generalitat.

Supongamos que, tras las elecciones catalanas, se abre el escenario de declarar la independencia de manera unilateral.

Proclamada la República catalana, se ejercerían plenamente todas las competencias del nuevo Estado, entre las cuales estaría la recaudación de impuestos, la acuñación de moneda, los cuerpos de seguridad y el ejército propio. Por ello, planteo esta hipótesis: declarada de nuevo la independencia de forma unilateral, ¿el problema se resuelve políticamente?

Vayamos a la posible solución política, esgrimida como pretexto para indultos y amnistía. ¿Qué ocurriría si, tras las conversaciones políticas con el Estado español, los autores de la desconexión se enrocan y persisten en su declaración independentista? ¿Entrarían en liza los jueces dejando la política de lado? ¿Y si, haciendo caso omiso a los jueces, se mantendrían ajenas a la declaración de independencia las fuerzas de seguridad del Estado de Derecho y el Ejército?

No parece muy difícil contestar a las hipótesis planteadas, dado que el proceso de independencia se convierte en una cascada de acontecimientos donde, si la mediación política falla (cosa muy probable), habida cuenta de que en la actualidad muchos de esos delitos han sido minimizados, dejados sin efecto o amnistiados, es patente que los políticos solo tendrán el resorte de la actuación del Poder Judicial a través de las fuerzas de seguridad.

Y me pregunto: ¿podría el poder legislativo y el propio Ejecutivo actuar a través de herramientas estrictamente políticas? Si así se intentara, ¿hay alguien tan ingenuo que pueda pensar que las vistas de ministros de España o del propio presidente del Gobierno desactivarían antes o después esa proclamación unilateral?

Convendrán conmigo que, si se entra en esa deriva independentista de nuevo, es indispensable la actuación judicial, y la presencia de las fuerzas del orden, como ya sucedió en 2017 con el beneplácito del PSOE y del actual presidente. Otra opción es aceptar la independencia como hecho consumado, si esa es, de tapadillo, la medida política tan aireada por los pseudoprogresistas, o bien servir a la carta a los independentistas todos los platos que quieran degustar. Tras eso, de forma inmediata, Euskadi seguiría el mismo camino, con todo un Derecho consolidado y abriría en Galicia un escenario que se ha rechazado con reiteración.

La ley de amnistía en las condiciones pactadas puede poner en un brete al Gobierno de España y al presidente ante un nuevo dilema de cambio de opinión. ¿Cómo resolvería su señoría semejante laberinto jurídico?

Que las ambiciones personales nos puedan llevar a ese escenario, con la figura de Puigdemont haciendo campaña desde Francia, lanzando puyas y amenazas a la integridad territorial, sin una respuesta contundente desde Moncloa, que ha visto como aviso frustrada la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, merecen una reflexión desde el propio PSOE. Figuras de relieve han venido avisando de lo improcedente de la amnistía.

No se trata de repudiar la figura humana del presidente, es el puro ejercicio de una opinión, sobre una trayectoria que cambia según su conveniencia personal con repercusión muy grave sobre la convivencia en Cataluña y España por ende.