A partir de la idea de que, al menos desde el punto de vista de quien esto escribe, la Xunta de Galicia -y su vicepresidente y responsable de Xustiza- aciertan al mantener su actitud de prudencia y no valorar en clave de triunfo el fin de la huelga en el sector, es evidente que el saldo aporta perdedores. Lo que era previsible, por cierto, desde el momento en que el conflicto se declaró como "indefinido" en su duración, lo que -y eso ya se advirtió- eliminaba margen de maniobra, sobre todo para los huelguistas, y más aún en un servicio público.
En principio, pues, los derrotados son los que secundaron la huelga, que acceden a una mejora profesional relativa y que, sobre todo, han de "tragar" con un aumento mensual de sus retribuciones que ni de lejos iguala lo que han perdido durante el paro, aunque se supone que habrá algún modo -quizá ya pactado- de compensarles. Y es que un alza media de 70 euros al mes, sin ser una cifra insignificante -hay bastantes pensionistas que con ella llegarían más cerca de fin de mes-, para los funcionarios es poca cosa y seguramente no justifica lo vivido. De ahí su derrota.
Otros que no podrán evitar un balance paupérrimo son los sindicatos. Todos ellos -los siete- porque ha sido el conjunto el que ha dado una lamentable impresión. Primero al convocar como convocaron, luego al negociar como negociaron, más tarde al consultar como consultaron y, por fin, al terminar como terminaron. Que si no ha sido una desbandada se le parece mucho y cuyo balance real, que habrá de medirse sobre su militancia, se verá más adelante. Pero, francamente, pinta mal para ellos en concreto y para el movimiento sindical en su conjunto.
En todo caso, el descrédito -siempre en opinión personal de quien la escribe- no se ciñe solo a lo que podría llamarse el lado laboral del conflicto o a sus protagonistas principales. La sociedad gallega probablemente lo certificaría si hubiese modo de consultarla de forma fiable. Una "sentencia" que, de darse, no sería responsabilidad de los críticos ni de los que han ido a la huelga creyendo en quienes la convocaban y que ahora serán objetivo de un bombardeo intenso para endosar la culpa de lo ocurrido a terceros, y además conjurados.
En este punto, y como reflexión final, no parece discutible que, además de los señalados, hay otros dos grandes perjudicados, que no derrotados: los ciudadanos en general y el derecho de huelga ilimitada, en tiempo y desprecio de los servicios mínimos. Los primeros porque ya han padecido los efectos negativos en forma de miles de juicios suspendidos y decenas de millares de trámites atascados, unos y otros pendientes ahora de fechas. El segundo es un derecho que no se puede ni se debe discutir pero que ha de ejercerse siempre desde el sentido de lo común; y que padecerá en el futuro, cuando se haga inevitable el debate para elaborar y aprobar una Ley reguladora. Pero ésa será otra historia.
¿No?
