Ahora que se ha terminado enero y se avecina una muy larga campaña municipal, quizá resulten interesantes un par de observaciones para esos asuntos que, por diferentes circunstancias, casi siempre quedan en un segundo plano. Y eso a pesar de que, por referirse a fondos públicos y, por lo tanto, a quienes los nutren, que son las haciendas de los habitantes de este antiguo Reino, deberían ser tenidas bastante más en cuenta, sobre todo si se considera que contribuyen, y generosamente, a los llamados "gastos comunes", que a veces no son tan comunes.
Se refiere, quien esto escribe, al pintoresco modo que los gobiernos suelen utilizar para regatear las contradicciones en que incurren cuando abordan temas tan delicados como los del aumento de los impuestos o la reducción de los que no deberían existir, pero que mantienen por aquello de la obligación europea de domar el déficit público. Entre ellos, y con lugar destacado, el de sucesiones, que grava bienes cuyos titulares dejan en herencia a sus deudos tras haber pagado aquellos a Hacienda durante toda su vida y cuyos herederos han de recibir previo más desembolso.
Hay algunas Comunidades que lo han suprimido -y curiosamente, están a la cabeza del ranking de la prosperidad en España-, otras que lo han reducido y, en fin, quienes lo han aumentado. Galicia, donde hace unos años pareció que desaparecería, está en el centro del ranking, aunque eso, en contra de la tesis de Aristóteles, no lo sitúa en el lugar justo, sino en el medio camino entre la injusticia y la urgencia por recaudar. Y no cabe discutir, al menos aquí, el primer concepto; por creerlo así, la Xunta estudió oficiosamente eliminarlo, y después lo redijo.
Podría, sin duda, manifestarse sorpresa por la existencia de facto de lo que no pocos expertos consideran, en ese terreno fiscal, doble imposición, por mucho que se diga que ha descendido. Las cifras, aun así, son significativas: en el último ejercicio, y a pesar de sumar ochenta millones menos, el gobierno gallego captó para sus arcas aún más, que no son moco de pavo. Pero a la hora de la extrañeza, la provoca más aún el segundo asunto propuesto para la reflexión: que los Concellos gallegos cada año gasten más en contratación de personal.
Y no es que se tenga aquí algo en contra de la reducción del desempleo, objetivo prioritario de cualquier Administración. Lo que sorprende es que en un país que pierde población de forma constante y en el que un porcentaje creciente de sus municipios carece de fondos para cubrir los gastos de atender sus servicios, el dinero se gaste en aumentar las plantillas. Claro que si se considera que una parte de los contratados son de categoría digital/clientelar, empieza a entenderse mejor, aunque eso signifique una decepción más para los ciudadanos, que pagan el pato.
¿O no...?
