La noticia -que acaba de publicar este periódico- según la cual Galicia acumula, en cinco años, más de mil casos de corrupción, de los que apenas ciento veinticinco han sido ya juzgados, sintetiza seguramente en un solo titular casi todos los males -o al menos parte de los más graves- que en ese terreno padece el país. Y no ya sólo porque evidencia fallos en la estructura judicial con un retraso insoportable, sino porque daña, además de la imagen de los investigados que sean inocentes, la de todo este Reino.
Y es que alrededor de doscientos presuntos casos de corrupción al año en un lustro y un territorio que ocupan menos de tres millones de personas es un porcentaje que difícilmente se puede considerar siquiera regular. Porque su gran mayoría permanece pendiente, y eso lesiona, además de lo dicho y puede que de forma irreparable, entre otras cosas la credibilidad que la Administración, formada por funcionarios y políticos, ha de suscitar entre quienes la necesitan como mandan los cánones: objetiva, profesional y garantía de que la res publica funciona.
Pues bien, ahora mismo esa necesidad no está satisfecha en bastantes sectores, entre ellos el judicial. Y no sólo, como suelen denunciar las asociaciones profesionales del mundo de la Justicia, porque muchas son las necesidades y pocos los medios -que es verdad- sino también porque en bastantes ocasiones da la impresión de que "la calle" provoca en un segmento de la magistratura una especie de furor por encontrar lo que a veces no hay, y eso contribuye a colapsar el sistema.
A estas alturas, y tal como está media sociedad de susceptible y la otra media de recelosa, conviene insistir en que, primero, cuanto antecede es una opinión personal y, segundo, que a aún así tiene ejemplos bastantes como para justificarla sin demasiadas explicaciones. Y quizá incluso para sostener, como no pocos hacen, que el sistema judicial español no funciona todo lo bien que debiera y desde luego no está a la altura de una sociedad avanzada en la que se pide que la Justicia sea justa -algo obvio pero no siempre coincidente- y, además, no se eternice.
Alguien, sobre todo los que deberían arreglarlo y en todo caso explicar por qué parece tan difícil, tiene la obligación irrenunciable y ya inaplazable, de adecuar lo legal a lo justo y acelerar el proceso que tantas veces dificulta ese objetivo. Y no sólo pensando en los ciudadanos: también en los cientos o miles de jueces y fiscales que se esfuerzan a diario por cumplir con sus deberes y carecen de lo imprescindible pata conseguirlo. Es cierto que algunos prefieren el ruido que las nueces, pero son los menos: la mayoría se gana un respeto general que merece la atención administrativa y la gratitud social.
¿Eh??
