En la larga serie de prodigios que en este país han sucedido, y en casi todos los terrenos de su actividad, uno de los más recientes parece que va a quedarse como, según algunos, debe: a medias entre el misterio y la sospecha. El último, por ahora, de los ejemplos es la reapertura de la comisión parlamentaria de "investigación", para cerrar un informe sobre la fusión de las cajas gallegas y que ahora se pretende desviar para que se aborde sólo algo que la Justicia ya analizó y sentenció.
Dicho de otro modo, hay quien intenta lo que no debiera parecer posible: la conversión del oscuro proceso de fusión en otro que en distinta circunstancia podría llamase "pieza separada": el juicio, también político, de las indemnizaciones que, como queda señalado, es ya cosa juzgada. Y peor aún: existen en marcha desde hace tiempo, y ahora reeditados, ataques directos o insinuaciones de que quienes manifiesten dudas acerca de las circunstancias que rodean todo el caso, apoyan o son cómplices, de todo cuanto de extraño, que es mucho, ha ocurrido.
Mientras los promotores o auxiliares de campañas para ocultar, manipular o falsear datos de cara a la opinión pública, tratan ahora de aparecer como paladines de la lucha contra el "saqueo" de las cajas ". Y poniendo como arquetipo a las gallegas que, además, ni están en cabeza del ranking de las más perjudicadas. Aparte, claro, de la desvergüenza que supone el que algunos de los denunciantes están entre los mayores beneficiarios de las prácticas que ahora condenan.
La reabierta comisión "investigadora", por otra parte, no ha dado de sí, en sus primeras horas de reunión, nada, o más de lo que se esperaba, que era cero. El PP, en otro ejercicio de cinismo propio de quienes gobiernan y temen que se sepa lo que no les conviene, inutilizó desde el primer momento la "investigación" del proceso.
(Se esperaba, conste, no por otro motivo que lo que había sucedido antes de que la comisión se interrumpiese en la pasada legislatura. Vetó en esta la presencia de nuevos -o que repitiesen anteriores- testigos o de documentos distintos, salvo lo que en sí mismo pareció una burla: el texto de la sentencia que condena a cinco exdirectivos no por "saquear", sino a tres por cobrar indemnizaciones ilegales y a otros dos, que no las cobraron, por administración desleal. De la fusión y su proceso, nada de nada.)
Es de esperar que la oposición no acepte el concepto de "transparencia" que aplica el PP al caso, ni tampoco su desvío. Aunque haya de recurrir, como tras el Prestige, al Tribunal Constitucional donde, por cierto, le dieron la razón.
¿Eh...?
