EDITORIAL

Treinta años de penalización pesquera

18.12.2016 | 19:57

En una enésima resolución de la cumbre europea de pesca, Bruselas ha aprovechado para meter de nuevo tijera a fondo a nuestros pescadores, aunque otra parte de la flota haya logrado finalmente salvar el cuello. Tan dramática era la petición inicial de condena para la pesca gallega y tan pocas esperanzas había ante la terquedad de quienes tenían en sus manos el veredicto que el fallo final ha sido recibido hasta con satisfacción por algunos, que no obviamente por los damnificados. Al margen de las luces y sombras con que se cierra el acuerdo, lo que en verdad evidencia lo ocurrido en el cónclave es más de lo mismo: el escaso peso de España para hacerse valer de una vez por todas, condenada a contener el aliento en cada reparto, siempre a expensas de jugárselo todo en la prórroga.

Sin seguridad jurídica, las empresas desisten de sus proyectos y renuncian a invertir. Es un principio que rige para todo tipo de actividad. También para la pesquera. Lo que ocurre con las cumbres de la Unión Europea es un sinvivir para nuestra flota: trasquilada las más de las veces, siempre en vilo ante la guillotina con la que cada año se le amenaza en Bruselas.

El resultado del último cónclave fue por barrios: esta vez el mazazo llegó para el gallo, la cigala y el jurel mientras el rape y la merluza del Gran Sol se salvaron "in extremis" para incluso disparar sus cuotas. De manera que la peor parte se la ha llevado la sufrida flota del litoral. Y así un año tras otro, en el que cada cumbre es como una espada de Damocles para nuestra flota, lastrada por las históricas trabas comunitarias a la pesca, con sistemas de asignación injustos que no se han modificado en treinta años.

En consecuencia, mientras esas reglas de juego no se corrijan, por mucho que Gobierno y Xunta se breguen a fondo en las cumbres maratonianas para salvar nuestras embarcaciones, poco más se podrá conseguir de la tarta pesquera. Lo ocurrido en estas tres décadas no es sino el reflejo de la incapacidad cuando no inmovilismo de nuestros dirigentes políticos, que se ha venido repitiendo desde 1986, ya que España ha sido incapaz de variarlas. Faltan políticas más proactivas que mantengan en el futuro el peso de la pesca extractiva en vez de quedar al albur del verdugo de turno.

Hace treinta años, España se incorporaba a la Comisión Económica Europea (CEE) y asumía la soberanía de Bruselas para la gestión de los recursos pesqueros. Pese al enorme peso del sector en el país, la asignación de los Totales Admisibles de Capturas (TAC) fue nefasta. Para Gran Sol, donde llegó a operar la llamada "flota de los 300", se concedió un 30% del total de TAC de merluza, el 3,7% de rape, el 6% de cigala o el 0,2% de abadejo. Este reparto, mal llamado criterio de estabilidad relativa, que tanto nos penalizaba sigue intacto a día de hoy. Es importante resaltarlo. Esto es, que si para toda la UE hubiesen 1.000 toneladas de cigala (la de mayor valor comercial) o rape disponibles, nuestros barcos solo podrían capturar 60 de la primera y 37 de la segunda.

Y así siempre, con independencia de si Bruselas eleva y recorta los TAC aun reconociendo que no tiene datos científicos fehacientes para tomar una u otra decisión con gran parte de las especies. Inmisericorde, aunque perjudique la viabilidad de los casi 250 barcos de bajura y litoral que, en los últimos seis años, han visto reducidas en un 40% sus posibilidades de pesca de rapante, jurel y raya.

Es cierto que Galicia salvó en parte los muebles porque la pretensión de Bruselas, con la pretendida "sostenibilidad" como salvoconducto, era mucho más terrorífica. Pero pese a la mejora de cuotas arrancada en la negociación para especies que no se esperaban, los recortes se siguen produciendo aunque no existan bases científicas fundadas que los justifiquen.

Ni el comisario Karmenu Vella ni el resto de políticos continentales que deciden el futuro de la pesca están más comprometidos que el sector por la salud de los océanos. Sus buenas intenciones no deben atacar el sustento de miles de familias que necesitan del mar para vivir, porque ninguna otra economía hay más dependiente de la pesca que Galicia. Ni ninguna más injustamente penalizada cada año como consecuencia de hacerle tragar con unas reglas supranacionales ya fijadas para permitir la entrada de España en la UE.

La Comisión Europea reconoce de facto nuestra preponderancia pesquera al ubicar en Vigo la Agencia Europea de Pesca, pero cabría preguntarse de que le sirve a Galicia si en vez de asistir a su flota jamás ha movido un dedo en su auxilio. ¿Hasta cuándo van a tener nuestros pescadores que seguir pagando tanta penitencia?

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