El mismo cantar de siempre, nuevo Gobierno y más presión fiscal. Supongo que si se acuerdan ustedes de la reciente campaña, también recordarán otra vez la misma promesa de Rajoy de bajar los impuestos y, al llegar a la Presidencia, todo lo contrario, así que de una vez por todas sería bueno que a nuestros políticos no les saliera gratis mentir descaradamente en periodos electorales.
En esta ocasión se trata de que de nuevo es obligatorio reducir la cifra de déficit para llegar a la que nos exige Europa, así que, aunque ahora no se pueda imputar -como en la anterior legislatura- el desfase a la nefasta herencia dejada por el PSOE, hay que volver a dar otra vuelta de tuerca para estrujar a los de siempre y levantar 5.500 millones de euros para cumplir con el 3,1% exigido por Bruselas.
España tiene una economía sumergida -fuera del alcance fiscal- del 18,5% del PIB anual, lo que asciende a la mareante cifra de 195.000 millones de euros que no cotizan. Si lo hicieran, la recaudación para las arcas públicas llegaría a los 30.000 millones anuales, por lo que digo yo que, antes de subir otra vez los tributos a la población y a las empresas, ¿no sería conveniente mejorar e intensificar, mediante la dotación de personal experto y procedimientos más eficientes y rigurosos, la lucha contra el fraude fiscal? Estoy seguro de que, por esta vía, se recaudarían sobradamente los 5.500 millones que nos exigen.
Claro que otra forma de cumplir con esa odiosa cifra podría ser recortar el gasto público improductivo que es la medida que vienen llevando a cabo otros países. Miren ustedes, el despilfarro del Estado en las distintas administraciones públicas es ahora superior al del comienzo de la crisis, entre otras razones porque no se ha podado el número del funcionarios ni el entramado de empresas estatales, ni por supuesto la lista de políticos. Yo, por si el Gobierno se hubiera olvidado del asunto, propongo algunos ajustes que nos ayudarían a cumplir el abominable déficit. Por ejemplo: reducir los 650 diputados y senadores, los 1.250 parlamentarios autonómicos, los 65.900 concejales, los 1.031 diputados provinciales, los 970 cargos de confianza en las diputaciones, los 2.800 en mancomunidades, los 131.000 políticos empleados en empresas públicas o con participaciones estatales, los 940 en las embajadas de las autonomías, los 4.800 en consejos autonómicos y asesores, y no sigo extendiéndome en detalles para no cansarles.
Conviene recordar que tenemos 250.000 políticos más que Alemania, que tiene el doble de población. El asunto es tan endémico que desmontar parte de este contubernio de puertas giratorias y mamandurria urdido por los políticos resultará una tarea titánica.
Para resumir estas reflexiones, creo que si fuéramos capaces de suprimir parte de esos innecesarios gastos y optimizar la persecución contra el fraude, no solamente se evitaría la subida de impuestos, sino que permitiría bajarlos para mejorar el nivel de vida de todos los españoles.
