Esta misma semana FUNCAS presentaba un nuevo número de su publicación Spanish Economic and Financial Outlook, disponible en www.funcas.es. En él publico un artículo sobre el ajuste fiscal en España, las tareas pendientes y las perspectivas en este campo. La tabla adjunta, que aparece en el trabajo referido, muestra lo mucho que queda hasta llegar al objetivo del gobierno pactado con Bruselas para 2017. Estamos hablando de una rebaja del déficit público equivalentes a 5,5 puntos de PIB. Un recorte que se va a hacer sobre todo bajando el peso del gasto público sobre el PIB. El aumento de ingresos apenas explica una quinta parte del ajuste. Obviamente, esta es una decisión política. Porque el gobierno podría buscar fórmulas más equilibradas para ajustar. Nadie le manda que haga rebajas fiscales y que opte por dedicar menos recursos a los servicios públicos.
Cuando se analiza en mayor detalle, se descubre que la parte del león del ajuste va a estar en la remuneración de empleados públicos. De hecho, el gobierno prevé gastar 7.000 millones menos en 2017 en este capítulo. Esto significa que los empleados públicos seguirán perdiendo poder adquisitivo, la congelación salarial está garantizada. El envejecimiento de las plantillas y la insuficiencia de recursos humanos en algunos servicios es inevitable. La recuperación no llegará a los servicios públicos ni a sus trabajadores. Lo peor está, de hecho, por llegar. En todo caso, se está aún a tiempo de rectificar esta hoja de ruta.
*Director de GEN (Universidade de Vigo)
@SantiagoLagoP
