EDITORIAL

El surrealista plan de supresión del partido judicial de Vigo

12.05.2013 | 10:19

Sorpresa y hartazgo causa comprobar la enorme capacidad de determinados dirigentes políticos para perder el tiempo con sandeces mientras el país se desangra. Y cómo a algunos les encanta someter a los vigueses al cansino e indignante trabajo de tener que pelear un día sí y otro también por aquello que, por evidente, resulta de mero sentido común. El último dislate consiste en poner sobre la mesa, a propósito de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la posibilidad de que Vigo y su área metropolitana, la mayor conurbación de Galicia, pierda su condición de partido judicial para pasar a depender de Pontevedra.

Quizá en algunas comunidades tenga sentido ir a una división judicial por provincias, los expertos sabrán, pero en el caso de la provincia de Pontevedra la realidad es tan obvia, tan apabullante, que plantearse siquiera la opción es ya un desatino. Lógicamente, el clamor de la judicatura, la abogacía y el mundo político y social de la ciudad no se ha hecho esperar. En esta ocasión, además, todos al unísono.

Nadie cuestiona la necesidad de replantearse la manera en que está siendo administrada la Justicia para hacerla más rápida, funcional y barata. Lo que se cuestiona es que para conseguirlo haya que obligar a desplazarse a cientos de miles de personas fuera de su ámbito natural, como ocurriría en este caso.

Obsesionado por un modelo uniprovincial arcaico, superado en nuestro territorio por la bipolaridad Vigo-Pontevedra, o, en el caso de la provincia de A Coruña, por el tridente Santiago-A Coruña-Ferrol, la reforma de Gallardón viene a dar la espalda a media Galicia. En vez de acercar la Administración a los administrados, a las áreas más pobladas y con mayor empuje social y económico, Madrid vuelve a intentar desandar el camino andado hasta ahora para apostar por un modelo regresivo que ya creíamos superado.

Superado por la consecución de dos secciones de la Audiencia Provincial para Vigo o la creación del ansiado juzgado de lo Mercantil, que hace justicia a su condición de capital industrial y empresarial de Galicia; por la implantación de juzgados especializados como los de familia, de lo social y de violencia de género, o los servicios de mediación familiar, por ceñirnos exclusivamente al ámbito judicial. Habría que añadirle, por ejemplo, la apertura de una oficina de Tráfico o la apuesta de la Xunta de crear una delegación territorial propia para la ciudad y su área, así como la sede de la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. Lo que para el resto de ciudades supone mera rutina administrativa, a la que no dan ninguna importancia, en Vigo se considera todo un logro contar con tales servicios, dado lo costoso que resultó conseguirlos. El caso es que, paso a paso y con incesantes e ímprobos esfuerzos, en la provincia se ha ido alumbrando un nuevo paradigma territorial y administrativo con criterios de sentido común. En consecuencia, la provincia ha devenido en una mera circunscripción electoral y un referente a efectos de demarcación de la Administración del Estado. En el caso de la Justicia el camino comenzó a recorrerse hace doscientos años, pues en documentos de 1810 figura ya como partido judicial.

Para hacer más cansino aún el debate, resulta que la junta de jueces de Vigo propuso ya el pasado año una sensata división de la provincia en dos partidos judiciales: uno al norte, con sede en Pontevedra, sobre el que pivotarían los juzgados de esa zona; y otro en Vigo, que uniría las demarcaciones de Vigo, Redondela, Tui, O Porriño, Ponteareas y Cangas, concentrando una población de 530.000 habitantes. Un dibujo que se correspondería con el área metropolitana, la misma división sobre la que desarrolla sus competencias Hacienda o el Instituto de Medicina Legal de Galicia.

Así pues, que los responsables políticos eviten por favor a los vigueses gastar más energía en esta gratuita batalla. Bastantes problemas reales y graves deben afrontar Vigo y su área metropolitana como para tener que dedicarle tiempo a dificultades inventadas, a meros desatinos. Dediquemos los esfuerzos en ver la manera de ayudar a Pescanova o a esos 109.700 parados registrados en la provincia, por ejemplo. Prestémosle máxima atención a lo que algunos pretenden hacer con el aeropuerto de Peinador. Dediquémosle tiempo incluso a recordar lo que en su día hicieron con el AVE o la caja de ahorros del sur de la comunidad. Pero, puestos a pasar por el lacerante esfuerzo de tener que seguir luchando por cosas esenciales, dejemos, al menos por una vez, de hacerlo por las que son evidentes.

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