Morir a plazos

05.03.2013 | 07:29

La fecha de defunción de la mayor parte de la flota gallega se retrasa a 2016. Los barcos que sobrevivan a esta fecha irán cumpliendo su ciclo vital, por los descartes prohibidos, hasta que, en 2023 se produzca el apagón general. Los especialistas en la enfermedad de los descartes consideran, no obstante, que existe la posibilidad de subsistencia si, en lugar de este mal endémico, la Unión Europea emplea sistemas que modulen la gestión pesquera acabando con el caduco criterio de estabilidad relativa y convirtiendo el de TAC y cuotas en otro que implique el reconocimiento de los días de pesca o, lo que sería mejor todavía, teniendo en cuenta el esfuerzo.

La cierta conformidad y hasta el aplauso contenido del ministro Arias Cañete por el traslado a 2016 de la prohibición de descartes en las especies de mayor interés para España (la merluza, específicamente) prevista para 2015, y a 2019 (en lugar de 2018) las que se anuncian para especies como el gallo, rape y otras pesquerías demersales (aguas profundas), no es sino la confirmación de una muerte a plazos para un sector que, aunque pudiera aguantar el tirón inicial, tendría que reconvertirse y no hay ayudas financieras para ello ni en España ni en la UE.

Un sector que quiere llegar a la máxima reducción admisible de los descartes, pero sin que estos signifiquen su desaparición como tal sector porque la mayoría de los descartes los provoca la propia normativa pesquera de la UE.

El principio de estabilidad relativa que constriñe la actividad de los barcos españoles tiene que llegar a su fin o, cuando menos, ser modificado. Los plazos ahora marcados podrían permitir encontrar salidas que propicien la mejora de la selección de las artes de pesca y, en definitiva, hallar soluciones prácticas a este conflicto permanente. No va a ser fácil. Ni siquiera se sabe si es posible llegar a las soluciones apetecidas.

Si la flota arrastrera española de Gran Sol fue un día la "flota de los 300" (hoy flota de los 100), su multiespecifidad -que lo es también del arrastre litoral- parece condenarla a consecuencia de la norma que sanciona los descartes. Su rentabilidad, de esta manera, será prácticamente nula. Y si no hay rentabilidad, no hay barcos, y sin barcos no hay tripulantes. Más de 3.000 puestos de trabajo están, en este momento, en la amura y se pueden ir al fondo del mar (las oficinas de desempleo) en cuestión de seis años.

Habrá que ir preparando el entierro de la merluza, el gallo, el rape, etc., etc., que se mueren a plazos.

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