El nuevo Presidente llega anunciando profundas reformas, aún sin concretar en su mayor parte, y, pese a su holgada mayoría absoluta, ofreciendo una actitud negociadora y dialogante. Ante un país conmocionado por una de las mayores crisis económicas de su historia reciente, a Rajoy le avala, a diferencia de a Zapatero, una dilatada experiencia de gobierno en numerosos puestos de máxima responsabilidad en prácticamente todas las administraciones del Estado.

Los economistas coinciden en señalar tres presidentes que hicieron lo que debían para garantizar la prosperidad del país al encarar sin titubeos y con valentía otros tantos instantes decisivos: Adolfo Suárez en el cambio político; Felipe González en la reconversión industrial y José María Aznar en la incorporación al euro. Gracias a su decisión en esos casos concretos, España superó etapas delicadas, aunque los tres han dejado sin resolver muchos problemas. Rajoy puede pasar a la historia como el presidente de las reformas: la de los servicios, los contratos de trabajo, el déficit, los colectivos protegidos o escasamente liberalizados, la estructura territorial, la unidad de mercado€ Puede abordar una transformación como nunca antes vivió España para ser capaz de producir más y mejor que los demás países a mejor precio. Ese es su gran reto.

Un reto válido para Galicia y para España. En eso van en el mismo vagón. Podrá el Estado ajustar sus gastos hasta el estrangulamiento. Podrán las autonomías imponer austeridad severa. Podrán las empresas y los ciudadanos desendeudarse a la velocidad de la luz. Probablemente sea necesario todo eso, y más, para superar este doloroso trance, pero si algo dejan nítido cuatro años devastadores es la necesidad urgente de que nuestra economía vuelva a crecer. El crecimiento, al aumentar los ingresos, frena la hemorragia presupuestaria, posibilita mayores inversiones públicas y privadas, estimula las contrataciones de las empresas y anima a los particulares a comprar. Es el retorno al círculo virtuoso.

El mayor lastre para que España y Galicia crezcan está en la falta de competitividad de sus economías, un defecto propio, estructural, que persiste desde hace tiempo, ajeno a los vaivenes de la negra coyuntura y enmascarado por las buenas rachas. El euro desactivó la vía de la devaluación monetaria, que abarataba nuestros productos y encarecía los del rival, para aliviar esta disfunción. Solo cabe, así pues, una alternativa: corregir directamente con reformas las anomalías que originan las ineficiencias.

Retrasar la toma de decisiones difíciles carece de sentido porque equivale a perpetuar el estancamiento y la penuria. Así parece entenderlo el nuevo Presidente, que en su discurso de investidura fijó una tarea ingente a sus ministros con medidas de calado a ejecutar nada menos que en tres meses: elaborar el Presupuesto, una ley de estabilidad financiera, una nueva regulación laboral y sanear definitivamente el sector financiero. Si lo consigue, reafirmará que la política es más una cuestión de voluntad que de tiempo.

En la última de ellas, la reforma del sistema financiero, lleva Galicia empantanada casi dos años. Correr todo este tiempo como pollos sin cabeza solo ha servido para quedarnos sin cajas de ahorro, justo lo contrario de lo que se pretendía. En su lugar hay un banco nacionalizado que necesita devolver al Estado 3.600 millones de euros. Dígase lo que se diga, ni Rajoy ni sus dos hombres claves en el equipo económico, Cristobal Montoro y Luis de Guindos, han visto nunca con buenos ojos la fusión impuesta por la Xunta. El tiempo para nuevas huídas hacia ninguna parte se ha acabado. Los dirigentes de Novagalicia Banco no están ahí por que sí, sino por haber prometido en junio unos fondos cuantiosos €en torno a 700 millones€ que, seis meses después, siguen sin aportar. La pelota, así pues, está en su tejado. Las familias y las empresas gallegas necesitan que vuelva a fluir el crédito. Y lo necesitan imperiosamente.

Galicia tiene otras muchas asignaturas pendientes. Necesita urgentemente una alternativa al "tax lease", que paraliza el sector naval; reactivar el agonizante sector lácteo y apuntalar una pesca malherida, por citar solo tres de ellas. Pero todas las miradas están puestas en la terminación del AVE, esa alta velocidad ferroviaria que España ha convertido en una especie de bálsamo de Fierabrás que todo lo cura.

La Historia ha querido que Ana Pastor tome el relevo de otro gallego, José Blanco, al frente de Fomento. El compromiso inversor de Blanco con Galicia durante sus años en el Gobierno es incuestionable, más allá de las polémicas sobre fechas o adjudicaciones concretas. Su sucesora, que durante la campaña hizo público repetidamente su compromiso con la alta velocidad, incluido el enlace directo con Vigo a través de Cercedo, se encontrará encima de la mesa las adjudicaciones que el Ejecutivo saliente paralizó por estar en funciones a petición de los populares en los estertores de la legislatura. En su toma de posesión, Pastor apostó por un AVE "moderno, sostenible y eficiente". Como tiene que ser. Galicia no puede reclamar la culminación de su alta velocidad ferroviaria por tener un presidente o un ministro gallego, por más que el AVE a Sevilla llegase allí gracias a un sevillano (Felipe González), el de Valladolid a un vallisoletano (José María Aznar) y el de León a un leonés (Rodríguez Zapatero). Debe reclamarlo porque el Noroeste de la península no puede ser, también en esto, una excepción sangrante, un perdido fondo de saco. Las manecillas del reloj del progreso ferroviario, que giran ya desde el Noreste (Cataluña) al Levante (Valencia) y al Sur (Andalucía), no pueden volver a pararse en esta tierra. Y porque su culminación es la única manera sensata de rentabilizar lo mucho invertido hasta ahora.

Cambia el Gobierno de la nación y cambia también, sustancialmente, el escenario político de la Xunta. Si hubiese que destacar dos grandes ejes vertebradores de la gestión del presidente Feijóo serían sin duda la acertada anticipación en el ajuste presupuestario, tan ingente €casi 1.500 millones de euros€como poco reconocido en el resto de España, y la litigiosidad con el Gobierno central, el alto nivel de exigencia que mantuvo con Moncloa. Allí están ahora no solo compañeros de partido, sino también paisanos suyos. Galicia va a mirar con lupa como module ahora esa relación, que influirá sin duda a la hora de fijar la fecha de unas elecciones que muy probablemente serán en 2012.

Esos son, grosso modo, los principales escenarios de Galicia y España ante el nuevo curso político. Los ciudadanos tienen que entender que el dinero que sostiene los servicios y prestaciones no llueve del cielo. Sale directamente de sus bolsillos. Nada es gratis. Si las reformas resultan inevitables, deben ser justas, con un reparto equitativo de las cargas. Se avecinan épocas de recortes drásticos y enormes sacrificios que no solo han de soportar las espaldas de quienes ya sufren mucho. El Gobierno puede pedir sudor y lágrimas pero tiene que predicar con el ejemplo.