En los últimos años, la vida política y financiera de España se ha visto agitada por una serie asombrosa de escándalos que afectaron a todo tipo de instituciones públicas. Y prácticamente ninguna se libró de ser investigada judicialmente. Pasaron por los juzgados ministros, diputados, senadores, presidentes, consejeros y diputados de comunidades autónomas, alcaldes, concejales, presidentes de Diputación, altos cargos de partidos políticos, presidentes del Banco de España, directores generales de la Guardia Civil, delegados de Hacienda y de Aduanas, comisarios de policía, generales, coroneles y tenientes coroneles, números de la Benemérita, agentes de la policía nacional, autonómica y local, administradores de museos y fundaciones, presidentes de patronatos, directivos de equipos de fútbol, atletas, ciclistas, presidentes de federaciones deportivas, obispos, ecónomos, sacerdotes etc., etc. Hasta famosos jueces e insignes miembros del Consejo del Poder Judicial acabaron en la cárcel, fueron separados de sus funciones, o están en trance de ello. Las apropiaciones de fondos públicos se realizaban en todas partes, incluso en lugares que a priori costaba relacionar con actividades delictivas como el Teatro Liceo de Barcelona y el Boletín Oficial del Estado. La lista es interminable y no hay día que no nos sorprendan con alguna nueva noticia sobre el particular. Faltaba la Casa Real que, en la restaurada democracia española, parecía una honorable excepción en medio de un zoco persa donde cualquier influencia se mercadeaba (dicho sea con todos los respetos para los zocos persas). Gracias a ese conducta, la monarquía gozaba de estima popular y en las encuestas aparecía siempre entre las instituciones más valoradas. Hubo algún intento de malmeter por parte de la prensa rosa cuando la boda del príncipe de Asturias y cuando el divorcio de la infanta Elena, aunque no pasó de ahí pese a que era evidente el deseo de incluir a la familia real en los seriales del amarillismo periodístico. Más o menos en el estilo que hace furor en Gran Bretaña. Pero esa situación de inmunidad se ha quebrado al surgir el escándalo del caso Palma Arena en el que pudiera estar involucrado el yerno del Rey, Iñaki Urdangarín, al que diversas informaciones apuntan como posible imputado en una investigación judicial sobre supuesta apropiación de fondos públicos a través de una red de empresas. La cuantía de esta supuesta apropiación asciende a varios millones de euros, según podemos leer en los periódicos, pero falta que un juzgado de Palma lo confirme. Una cifra cercana, o superior, al presupuesto anual de la propia Casa del Rey (8, 3 millones de euros) del que, por cierto, tanto Urdangarín como su esposa la infanta Cristina recibían una asignación en concepto de gastos de representación. Consciente de lo que se avecina, el Rey ha decidido apartar al duque de Palma de la agenda de actividades de su casa y no descarta hacerlo también con su propia hija según se desprende de las declaraciones de su portavoz oficial. ¿Será este episodio bastante para especular con el final de la tercera restauración borbónica, como apunta el senador vasco Anasagasti? No lo creo. Los dos grandes partidos no están, de momento, por la labor. Y, por otra parte, las monarquías europeas han acreditado capacidad de resistencia contra toda clase de escándalos, incluidos los financieros. Recordemos sino el caso del príncipe Bernardo de Holanda cuando se supo que había aceptado sobornos de una compañía fabricante de aviones de combate, de su relación con el tráfico ilegal de marfil y de sus supuestas simpatías filonazis. Y ahí sigue la monarquía.