Pues la verdad es que, a poco que se mire despacio, hay un más que considerable contraste en las reacciones de los partidos ante hechos parecidos, hasta el punto de que cada vez son más los ciudadanos que sospechan que una de las leyes que más se aplican aquí es la del embudo. Dicho con todo los respetos, claro, para quienes piensan de otro modo.
Viene a cuento el introito de lo que ha ocurrido con la resolución del Tribunal Superior de Galicia suspendiendo la adjudicación del concurso eólico aprobada por la Xunta bipartita. A diferencia de otros supuestos jurídicos en el mismo trecho procesal -y ya ni se diga de otros mucho menos avanzados, aquí hay quien apela a que no hay todavía cosa juzgada y que por tanto hay que esperar "para evitar precipitaciones, análisis equivocados e injusticia para los afectados". Cáspita
Queda dicho que no se trata de comparar asuntos, sino reacciones. Y actitudes: los mismos que aquí eluden, por ahora, responsabilidades en lo que el Alto Tribunal intuye como posiblemente ilegal son los que en otras comunidades lapidan a líderes adversarios por algo de lo que no sólo no se les juzga, sino siquiera se les acusa; y correligionarios de los que allí padecen, aquí imitan estrategias de derribo semejantes.
En términos de Galicia, y por lo que al citado concurso eólico se refiere, parece llegado el momento de que se asuman, sino responsabilidades políticas -que es tradición de un gobierno que sale hacer lo contrario de lo que reclamaba en la oposición- al menos una explicación convincente. Sobre todo en un detalle: por qué el PSOE, que desconfió de la irregularidad, y públicamente, desde el principio, se avino a aprobar lo que suponía que iba a terminar en los Tribunales.
No es un asunto banal. Primero porque en él andan mezclados no ya antiguos referentes, sino también actuales; el señor secretario general del PSdeG le echó valor y denunció irregularidades, ordenó a sus representantes en la Comisión de adjudicación que no acudiesen y, finalmente, accedió a aprobar lo que tenía por sospechoso. ¿Cumplió órdenes? ¿Antepuso su señoría el deseo de evitar una ruptura del bipartito a la defensa del interés general, oponiéndose a lo que creía irregular?
Todo lo dicho es aplicable, desde luego, a los casos de presunta corrupción que se acaban de descubrir. A falta de tener más detalles, puede decirse al menos que la ley del embudo está siendo la más aplicada de cuantas cabrían.
¿O no...?
