El Gobierno de Núñez Feijóo acaba de presentar sus primeros presupuestos para Galicia, los más austeros de los últimos veinte años como consecuencia de la crisis económica. Las cuentas suman 11.686 millones, un 3,3% menos que las de 2009, lastradas por una caída de ingresos del 12%. La Xunta defiende su proyecto como el mejor posible para sortear la recesión y asegura que la inversión se librará de las tijeras, con una aportación de 1.520 millones (un 1,3% más que este año) al igual que las políticas sociales que, según sus cálculos, aumentan un 2,1%.
Pero si hace poco más de tres semanas eran los Presupuestos del Estado los que provocaban insatisfacción en amplios sectores políticos, económicos y sociales de Vigo por considerarlos insuficientes para atender las demandas de la primera ciudad de Galicia, ocurre ahora algo parecido con las inversiones consignadas en las cuentas autonómicas. Si entonces era el alcalde Abel Caballero quien prácticamente se quedaba solo a la hora de proclamar las bondades del presupuesto estatal para Vigo, los papeles se intercambian y es ahora el Partido Popular, con su portavoz Figueroa al frente, el único que sale abiertamente en defensa de las partidas de la Xunta.
Lo que para el gobierno municipal supone el mayor recorte inversor de los últimos años, para el PP es un presupuesto histórico. Los empresarios los califican de realistas –podrían consignar más dinero a sabiendas de que no se gastará, dicen– y adecuados a la situación de crisis, pero al mismo tiempo admiten que no son buenos para Vigo. Y la Federación Vecinal también coincide en que no son suficientes, ya que si bien elogia que recogen las infraestructuras en tramitación, estima las partidas escasas, a la vez que echa en falta más dinero para políticas sociales.
Había interés en conocer cómo la nueva Xunta del PP acometía su primer presupuesto autonómico. Y en el caso de Vigo las expectativas eran mucho mayores. Fundamentalmente, porque en esta ciudad se volcaron los populares en promesas durante su carrera electoral a San Caetano. De ahí que al ser ellos mismos quienes pusieron el listón tan alto, esté ahora más que justificada esa frialdad con que amplios sectores han recibido las cuentas. Sencillamente, no se ven correspondidos.
Porque, con crisis o sin ella, la realidad es que de la cuantía de las partidas asignadas así como de los plazos plurianuales fijados no cabe extraer la conclusión de que estemos ante el esperado golpe inversor que de una vez por todas permita imprimir velocidad de crucero a las grandes obras pendientes en la ciudad y su entorno. Más bien el escenario que se dibuja es el del continuismo, agravado además por la falta de acuerdos entre nuestros gobernantes, de uno y otro signo, para desatascar los proyectos prometidos.
Y si tenía toda la razón Feijóo a la hora de exigir al Gobierno central que devolviese a Galicia el dinero consignado y nunca ejecutado de los últimos presupuestos del Estado, cabe ahora decir lo mismo en el caso de Vigo y exigir a la Xunta que destine a la ciudad todo lo que dejó de gastar del presupuesto de 2009: ni más ni menos que 30 millones de euros, en su mayoría asignados al cuarto hospital, la depuradora, la mejora del vial a Baiona y el túnel de Beiramar, proyectos que en muchos casos ni siquiera hoy han llegado a iniciarse. Porque es cierto que el bipartito infló las cuentas para aprovecharse de su tirón en año electoral, aún a sabiendas de que no podría gastarlas, y que dejó de tener responsabilidad en marzo al perder el gobierno, pero también lo es que no son los ciudadanos, en este caso los vigueses, quienes deben pagar los platos rotos.
El nuevo gobierno de Feijóo se ha tomado meses para revisar a fondo los proyectos heredados que estaban sobre la mesa, muchos de ellos, como se ha visto, vacíos de contenido, por eso resulta más que comprensible que los ciudadanos le urjan ahora a recuperar el tiempo perdido. Comprometió su palabra en que este año licitará el proyecto y la obra del cuarto hospital, si bien el hecho de que haya optado por la financiación mixta público-privada le evita concretar partidas inversoras específicas en el presupuesto. Y esa es la clave: la palabra empeñada. Sólo si Feijóo cumple y antes de fin de año lo adjudica habrá valido la pena la espera. La depuradora (con apenas 6 millones de consignación) queda ahora a expensas de que su gobierno acepte el generoso ofrecimiento del Ministerio de Medio Ambiente de, además de pagar lo suyo (112 millones), adelantar casi otro tanto que le correspondería a la Xunta, y está por ver si estará lista en 2015. Hospital y depuradora serán la gran prueba de la verdadera apuesta de Feijóo por Vigo.
La Ciudad del Mar, llamada a ser un gran centro de vanguardia y de investigación marina, aparece con una partida de 2,8 millones, el grueso para pagar los terrenos a Zona Franca, y su conclusión se apunta para 2014. Para la Ciudad de la Justicia, una demanda clamorosa de la judicatura viguesa y gallega, ni hay fecha ni aparece partida específica alguna. Como tampoco la hay para el túnel de Beiramar, si bien es cierto que esta obra ni siquiera está proyectada a falta de una negociación entre Xunta, Puerto y Concello.
La inversión más alta se destina a las humanizaciones (Castrelos y Florida con casi 3,5 millones) y a la mejora de la carretera entre Vigo y A Ramallosa, con 10 millones de euros el próximo año. Le siguen los accesos al puerto seco de Salvaterra con 8 millones y la mejora de los colegios con casi 3 millones.
De manera que, como resaltábamos en este mismo espacio editorial hace tres semanas, el verdadero problema de los presupuestos para Vigo, tanto los del Gobierno central como los de la Xunta, es que arrastran tales deudas pendientes y son tantas las carencias, que resulta plenamente comprensible y justificada la frialdad con que son recibidos por la ciudadanía. Por eso sólo cabe esperar que en el trámite parlamentario se mejoren las partidas y que la nueva Xunta cumpla a tiempo con todo lo prometido. Lo contrario sería otro fiasco, uno más, para la primera ciudad de Galicia.
