Nuevo torpedo en la línea de flotación de la cohesión comunitaria. El presidente de Hungría, Janos Áder, anunció ayer que el país celebrará el próximo 2 de octubre un referéndum para decidir sobre la imposición, por parte de la UE, de cuotas de reubicación de refugiados.
La pregunta reza: "¿Quiere que la UE tenga derecho a determinar una cuota obligatoria de ciudadanos no húngaros en Hungría sin el consentimiento del Parlamento?".
El referéndum será el primero de estas características que se convoque en un país miembro de la Unión y su celebración ya fue adelantada en febrero por el primer ministro, Viktor Orbán, cuyo partido, el ultranacionalista Fidesz, hará campaña por el "no".
La consulta húngara coincidirá con la repetición de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales austriacas del pasado 22 de mayo, que fue anulada por el Tribunal Constitucional al detectarse, entre otras, irregularidades relativas al momento y la forma de contar los votos por correo.
El 22 de mayo, el candidato del ultraderechista Partido Liberal de Austria (FPÖ), Norbert Hofer, perdió con el 49,65% de los votos, frente al 50,35 % del ecologista Alexander Van der Bellen. El FPÖ impugnó la elección.
El vicecanciller de la república alpina, Reinhard Mitterlehner, se mostró dispuesto a "invitar" a la OSCE a enviar observadores a la votación, pero no porque Austria necesite su ayuda, sino porque, con su presencia, certificarán la corrección del proceso electoral.
En su anuncio de ayer, Áder explicó que convoca la consulta de acuerdo con la Carta Magna magiar y a la espera de que el Tribunal Constitucional la ratifique. Pero ya en febrero, después de que Orbán avanzara que llamaría a los húngaros a las urnas para decidir sobre la imposición de cuotas -que tachó de "abuso de poder"-, Bruselas cuestionó el encaje del plebiscito en el proceso decisorio de los entonces Veintiocho, ya que el reparto fue acordado por el bloque por mayoría cualificada, con el voto en contra de Chequia, Eslovaquia y Rumaría, además de Hungría.
El llamado grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, Eslovaquia y Chequia) se opone radicalmente no ya a las cuotas, sino a la libre circulación de personas, uno de los pilares del proyecto comunitario, y ahora, tras el impacto del "Brexit", Orbán le enseña de nuevo los dientes a sus socios.
No tanto, sin embargo, como para asustar a la canciller alemana, Angela Merkel, que ayer se limitó a decir: "Sabíamos de la determinación del Gobierno húngaro de plantear esa consulta. Lo único nuevo es que ahora sabemos la fecha".
Hungría cerró en otoño sus fronteras del sur para detener el flujo de refugiados y legisló para penalizar con cinco años de cárcel la entrada ilegal en su territorio. Desde ayer, además, aplica una norma que permite trasladar a los refugiados interceptados cerca de las fronteras al otro lado de las vallas fronterizas. Sus primeras víctimas fueron 600 refugiados.
