Las huelgas y bloqueos en refinerías y centrales nucleares agravaron ayer en Francia la octava jornada de protestas contra la reforma laboral. Al menos 77 personas fueron detenidas en disturbios en ciudades como París y Burdeos en el curso de manifestaciones en las que participaron entre 150.000 personas, según las fuerzas del orden, y 300.000, según la central sindical CGT, la que con más fuerza está manteniendo el pulso al Gobierno del socialista Valls.
Unas 20.000 personas, según la Policía -el sindicato Fuerza Obrera elevó la cifra a 100.000-, participaron en la marcha de París, que discurrió entre las céntricas plazas de la Bastilla y la Nación. En este último lugar la tensión era grande, con cientos de agentes antidisturbios bloqueando los accesos después de que decenas de encapuchados quemaran contenedores y arrojaran proyectiles a la policía, que respondió con gases lacrimógenos.
Junto a los centros clave del sector de la energía, las huelgas afectaron ayer, como en convocatorias anteriores, al transporte por ferrocarril y aéreo. Sin embargo, la atención siguió centrada en las gasolineras y en las centrales nucleares. Entre un 20% y un 30% de las estaciones de servicio han agotado sus reservas, como consecuencia de que seis de las ocho refinerías del país se hallen total o parcialmente paradas, lo que ya el miércoles obligó al Gobierno a recurrir a las reservas estratégicas, algo que no se había hecho desde 2010.
Tampoco se libraron de la huelga, iniciada en la noche del miércoles, las 19 centrales nucleares del país (que generan más del 75 % de la electricidad producida por Francia), cuyos 58 reactores no han sido apagados, pero sí que han experimentado una baja de carga, que en la mañana de ayer era de 5.000 megavatios.
Sin convergencia
"Estamos dispuestos a llegar hasta el final. El objetivo de las manifestaciones y las huelgas es la retirada completa del texto (de la reforma laboral), porque es una vuelta al siglo XIX", señaló a Efe Jean Kister, de la CGT.
Un mensaje de firmeza similar, aunque de contenido opuesto, fue esgrimido por el primer ministro, Manuel Valls, para defender que "no se modificará la filosofía general del texto", y en particular su artículo 2, que establece la primacía de la negociación dentro de la empresa en detrimento de los convenios colectivos.
El ministro de Finanzas, Michel Sapin, había abierto la puerta previamente a un replanteamiento del polémico artículo. Esta discrepancia representa una apreciable grieta dentro del Ejecutivo, lo que obligó a Valls a saltar al ruedo para cerrar esa posibilidad de forma tajante.
Además, el primer ministro se mostró muy crítico con la movilización emprendida por la CGT -principal impulsora de las huelgas en la energía-, que catalogó de "irresponsable". Valls advirtió que se van a "seguir desbloqueando" las instalaciones petroleras e industriales cuyos accesos han ido cerrando los piquetes de huelguistas.
"Todas las posibilidades están sobre la mesa", alegó Valls en una entrevista con el canal BFM TV cuando se le preguntó si podría recurrir a las disposiciones que permiten obligar a volver al trabajo a los huelguistas en caso de fuerza mayor.
El jefe del Gobierno reiteró que el proyecto de ley para la reforma laboral se acabará aprobando este verano.
