Un juez del Tribunal Supremo brasileño anula el nombramiento de Lula, que puede ser detenido

Concluye que su designación es un "salvoconducto" para impedir una "orden de arresto"

20.03.2016 | 02:51

El magistrado Gilmar Mendes, uno de los once miembros del Tribunal Supremo de Brasil, suspendió ayer de forma cautelar el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Presidencia, con lo que pierde el aforamiento y puede, en teoría, ser detenido.

El magistrado aceptó una petición del opositor Partido Popular Socialista (PPS) para dejar sin efecto el nombramiento de Lula como miembro del Ejecutivo de su sucesora y pupila política, Dilma Rousseff, con el argumento de que, con su designación, sólo se pretende blindarle ante las investigaciones que afronta por corrupción, informa "Efe".

Además, Mendes decidió que todos los procesos contra Lula por presunto lavado de dinero y falsificación sigan en manos del juez Sergio Moro.

El magistrado ya había ordenado el traslado de todas las diligencias contra el exmandatario a la máxima corte del país, la única que, por su condición de ministro, puede investigarle.

El magistrado del Supremo sostiene que el nombramiento de Lula tuvo "claramente" el objetivo de obstruir la acción de la justicia. "La Presidencia le emitió una especie de salvoconducto" para "impedir el cumplimiento de una orden de detención", alega Mendes, cuya decisión, por jerarquía jurídica, se impone a todas las sentencias de jueces de primera y segunda instancia que la precedieron, y sólo puede ser revisada por el Pleno de la máxima corte, ante la que el Gobierno tendrá que recurrir.

No hay fecha para que el Pleno del Supremo se reúna, pero no se espera que sea hasta después de Semana Santa. Mientras tanto, el nombramiento de Lula permanecerá en suspenso, lo que permite que Moro dicte contra él prisión preventiva.

En declaraciones previas a la prensa, Mendes había dicho que, caso de comprobarse que la intención de Rousseff era proteger a su mentor, la jefa de Estado puede ser acusada de un delito de responsabilidad que justificaría la apertura de un juicio político.

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