El presidente de la República Francesa, el socialista François Hollande, se dirigió ayer a las dos cámaras legislativas (Asamblea Nacional y Senado), reunidas en solemne sesión conjunta del Congreso en Versalles, para anunciar las medidas de política interior y exterior que ha concebido ante el "terrorismo de guerra" del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Hollande explicó que pedirá de inmediato una prórroga de tres meses del estado de emergencia decretado el viernes, que tiene una vigencia de doce días. La petición se acompaña de una propuesta de reforma constitucional, que debería "adoptarse lo antes posible", para cuadrar el círculo de reforzar las medidas antiterroristas y, al tiempo, garantizar la protección de las libertades fundamentales.

"Tenemos que hacer evolucionar nuestra Constitución para permitir a los poderes públicos que actúen, respetando el Estado de derecho, contra el terrorismo de guerra", sostuvo Hollande, quien explicó que las actuales figuras del estado de emergencia y el estado de sitio "no se adaptan a la situación que vivimos". Hollande dejó claro que "Francia está en guerra, pero de otro tipo y ante un actor nuevo, lo que requiere", argumentó, "esa reforma constitucional".

A su juicio, el estado de emergencia y el estado de sitio no se adecuan a las circunstancias actuales, porque, tal y como están formulados, alteran el funcionamiento de los poderes públicos, al reforzar los del presidente, o bien transmiten poderes a las autoridades militares, en el caso del estado de sitio. Y no es eso lo que el Gobierno francés busca.

Lo que Hollande quiere es "disponer de una herramienta apropiada para tomar medidas excepcionales durante un periodo de tiempo limitado y sin poner en peligro las libertades públicas". El estado de emergencia, añadió, está regulado por una desfasada ley de 1955, por lo que debe adaptarse a "las nuevas tecnologías y a las amenazas" terroristas.

Hollande presentó también disposiciones que endurecen el tratamiento jurídico dispensado al radicalismo y al terrorismo, empezando por la retirada de la nacionalidad francesa a quienes tengan doble nacionalidad y sean condenados por delitos que atenten contra el Estado o contra sus valores fundamentales. El principal colectivo al que se dirige esta medida es el de los descendientes de magrebíes cuya nacionalidad es la francesa y que además mantienen la heredada de sus padres. De igual modo, se impedirá la entrada en el país a los binacionales que presenten riesgo terrorista, y se expulsará "más rápidamente" a los extranjeros que supongan una amenaza para la seguridad.

Estas reformas se acompañarán de más medios para combatir el terrorismo, tanto policiales como judiciales. Hollande anunció que reforzará "sustancialmente los medios de la justicia y de las fuerzas del orden" con 8.500 nuevos efectivos, de los que 5.000 corresponderán a policías y gendarmes destinados principalmente a las fuerzas antiterroristas y de fronteras. Además, se convocarán 2.500 puestos extra en el área de Justicia y otros 1.000 más en el de Aduanas, expuso Hollande.

Todo ello supondrá un aumento del gasto presupuestario, pero "en las actuales circunstancias, el pacto de seguridad está por encima del pacto de estabilidad", subrayó Hollande, aludiendo a los acuerdos de la UE que limitan el déficit público al 3% del PIB.

En el plano exterior, reclamó la unificación de las dos coaliciones que luchan contra el EI -la encabezada por EE UU y la liderada por Rusia- en una "única coalición internacional" que actúe bajo el paraguas de una resolución de la ONU. Hollande espera conseguirlo entrevistándose cuanto antes con los presidentes Obama y Putin. París pedirá al Consejo de Seguridad de la ONU que se reúna de urgencia y, mientras tanto, intensificará sus acciones en Siria, que coordina con EE UU.