Cuba autorizará el empleo privado en 178 actividades y permitirá la contratación de asalariados en 83 de ellas así como el arrendamiento de viviendas por parte de particulares, dentro de su plan para ampliar el trabajo por cuenta propia cuyos primeros detalles fueron divulgados hoy.

A través del diario Granma, los cubanos conocieron este viernes el listado de actividades "cuentapropistas" para las que se podrá pedir licencia a partir de octubre, pero solo siete son nuevas, entre ellas, contables, profesores particulares, trabajadores agrícolas eventuales e incluso cuidadores de baños públicos y parques.

El resto son oficios que estaban ya permitidos para el trabajo independiente o bien se ejercían así en la práctica sin contar con la autorización del Estado, de manera que ahora quedarán "legalizados".

Otro aspecto en la flexibilización del "cuentapropismo" es la posibilidad de que los cubanos, incluidos los que tienen autorización para vivir en el extranjero, puedan arrendar por su cuenta viviendas o habitaciones en pesos convertibles (equivalente al dólar).

Se introduce además una novedad respecto a las famosas "paladares" (restaurantes privados en su origen caseros): podrán dar servicio a un máximo de 20 clientes en lugar de los doce autorizados hasta ahora y también comercializar productos "prohibidos" como mariscos o carne de res, que en muchos casos ya se ofrecían "fuera de carta".

El trabajo por cuenta propia y las pequeñas empresas que resulten del mismo estarán sujetos a un régimen tributario específico que obligará a pagar impuestos sobre los ingresos personales, las ventas, los servicios públicos y la contratación de trabajadores. También se deberá tributar a la Seguridad Social.

La ampliación del "cuentapropismo" es una de las medidas anunciadas por el presidente Raúl Castro para "actualizar" el modelo económico socialista de Cuba con el fin de hacer frente a la profunda crisis económica que arrastra el país.

Lo que en la práctica es una apertura a la iniciativa privada pretende además ser una alternativa a parte de los 500.000 empleados estatales que serán despedidos en los próximos seis meses dentro del proceso para reducir las infladas plantillas públicas del país. La previsión es que unos 250.000 se incorporen al trabajo por cuenta propia el próximo año.