El Tribunal Constitucional de Italia abrió ayer el debate sobre la legitimidad del "Laudo Alfano", la ley que otorga inmunidad a Silvio Berlusconi y cuya derogación supondría la reanudación de los procesos judiciales en su contra. La vista arrancó con polémica, al negar la Corte la posibilidad de que la fiscalía de Milán, que interpuso dos de los tres recursos de inconstitucionalidad, se personase en el proceso.
El análisis definitivo al que se somete ahora la controvertida ley, aprobada en 2008 por el Parlamento a iniciativa del Gobierno y de su ministro de Justicia, Angelino Alfano, y sólo 25 días después de la investidura de Berlusconi, empezó con una audiencia pública que presidieron los 15 magistrados del Constitucional italiano.
Tras comenzar la audiencia, el tribunal se retiró a deliberar si la Fiscalía de Milán podía constituirse como parte en el proceso, lo que finalmente desestimó. Las autoridades milanesas, representadas por Alessandro Pace, defienden la inconstitucionalidad de la ley porque, a su juicio, viola la igualdad de los ciudadanos y porque se trata, sobre todo, de una norma que no fue aprobada en su momento con el procedimiento de modificación constitucional que habría requerido, dada su naturaleza.
Tras conocer la decisión de los jueces, Alessandro Pace expresó su "amargura" ante los periodistas. "Ésta es una ley ´ad personam´. Hace diez años habría sido declarada inconstitucional sólo por este hecho", afirmó el representante de la Fiscalía de Milán.
Después, los magistrados escucharon los alegatos de los abogados del primer ministro Niccolò Ghedini y Gaetano Pecorella, acompañados ayer en la defensa del "Laudo Alfano" por el representante de la Abogacía del Estado, Glauco Nori.
La ley establece también la suspensión de los procesos penales anteriores a la llegada al cargo del presidente de la República y de los titulares de las cámaras alta y baja.
El Estado basa su defensa en el hecho de que, si se derogase la ley, "se provocarían daños a los cargos electivos, que no podrían ser ejercidos con el compromiso debido, pudiéndose producir, incluso, dimisiones". Gracias a esta norma, Berlusconi tiene suspendido un proceso por corrupción (el "caso Mills") y otro por irregularidades en la compraventa de derechos por su empresa Mediaset.
Por su parte, Ghedini, el abogado de confianza de Berlusconi, basó la defensa del "Laudo Alfano" en el argumento de que "la ley es igual para todos, pero no siempre su aplicación". Y Pecorella incidió en que no se puede considerar al primer ministro como "igual al resto de parlamentarios, es decir, no es un ´primus inter pares´, sino que tiene que ser considerado como un ´primus supra pares´".
Fallo decisivo
El fallo del Tribunal Constitucional, que se hará público hoy, puede ser decisivo para el futuro político de Berlusconi, que afronta un "otoño caliente" en lo judicial cuando ya parecía que amainaba el escándalo desatado por la presencia de prostitutas en las fiestas de sus residencias oficiales.
El primer ministro no ha encajado con su sorna habitual la sentencia que condena a su grupo Fininvest a pagar 750 millones de euros al grupo editor de "La Repubblica" y que, además, le hace a él "corresponsable" del soborno al juez que decidió a favor de Fininvest el litigio por la editorial Mondadori
Ya presenta prematuros síntomas de desplome y ha llegado a comentar a sus allegados que le dan "ganas de abandonar Italia", aunque –dice– por ahora no tirará la toalla.
