El secretario de Justicia defiende el espionaje a ciudadanos estadounidenses

El secretario de Justicia tiene previsto acudir al Comité Judicial del Senado el próximo 6 de febrero para explicar los argumentos legales del gobierno de Bush para el espionaje.

En un documento, Gonzales puso en tela de juicio la constitucionalidad de una ley federal de 1978 que rige las actividades de inteligencia, en el marco de la lucha antiterrorista de Estados Unidos.

Sin el debido permiso de un tribunal especial que supervisa las actividades de espionaje, la NSA ha vigilado los correos electrónicos y las llamadas telefónicas de estadounidenses con presuntos vínculos a grupos terroristas en el exterior.

Según Gonzales, las actividades de la NSA, que han suscitado la repulsa de grupos defensores de las libertades civiles, forman parte de los esfuerzos del gobierno para prevenir otro ataque terrorista en el país.

El documento recalca la postura gubernamental de que Bush tenía autoridad para ordenar el espionaje de los estadounidenses, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y con la venia del Congreso, que autorizó una resolución para el uso de la fuerza tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El gobierno insiste ahora en que, aún si la resolución del Congreso no crea exenciones a la ley de 1978, ésta no puede frenar la autoridad del presidente Bush, en su capacidad como comandante en jefe, para permitir las actividades de espionaje en tiempos de guerra.

El informe de Gonzales agrega que las actividades de la NSA no violan una enmienda constitucional que prohíbe los registros sin la autorización previa.

Pero esos argumentos no convencen a grupos defensores de los derechos civiles, como el Centro para los Derechos Constitucionales y la Unión de Libertades Civiles de EEUU, que han entablado demandas contra el gobierno para frenar el espionaje de la NSA.