La oposición realizó ayer el disparo de salida de las elecciones municipales. Mientras la Frente Popular Galega (FPG) pide que se hagan públicos los bienes patrimoniales de los concejales de gobierno y que se abra una investigación sobre los mismos y que incluso se recurra a la Fiscalía para ello, el BNG solicita que se reúna la junta de portavoces para que el alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo, ofrezca explicaciones sobre la paralización del Plan Xeral. La portavoz nacionalista asegura que su grupo no tiene constancia oficial de la firma del contrato con el nuevo equipo redactor. En medio de todo, la sombra de la corrupción urbanística. Todo el día anterior de que la corporación municipal apruebe en pleno definitivamente la unidad de actuación número 5, que permitirá construir la nueva circunvalación de Cangas y la construcción de 350 viviendas, donde sólo fueron aceptadas tres de las 15 presentadas.
Una vez más, la oposición puso en tela de juicio la validez de los convenios urbanísticos firmados entre particulares y Concello (el de Masó y el de Aldán figuran entre ellos, que suponen 53 millones de euros) y gracias a los que se construye ahora mismo la piscina climatizada. Sotelo recuerda que los convenios urbanísticos entrarán en vigor cuando se apruebe un nuevo plan y que si estuviesen vigentes el dinero que ingresaría las arcas municipales sería mayor "para desgracia de Mariano Abalo, porque existen unos plazos de entrega". Sotelo convocará a la junta de portavoces para finales del mes de enero y reunirá a los líderes de los partidos políticos con los redactores del plan. Por lo que parece, no hay intención alguna en el equipo de gobierno en variar los convenios urbanísticos. La empresa redactora tiene esa consigna y aquí no se esperan cambios.
