El cambio de gobierno en la Xunta y en Madrid supuso un cambio de estrategias de gobierno y oposición respecto a las ordenanzas fiscales y, en concreto, al nuevo catastro de urbana. Si el PP abogaba al principio por revisar el catastro y subir el IPC del Impuesto municipal de Bienes Inmuebles, al final acabó tratando de negar la revisión y congelando el IBI. La oposición, que veía un campo abonado para la lucha en el catastro, tuvo que variar la estrategia con los sucesivos cambios de gobierno en Santiago y en Madrid. Primero el PSOE, que repitió hasta la saciedad que la nueva ponencia de valores se realizaba porque la había pedido el concello, a la vez que no escondía que una subida brusca del recibo del IBI podía perjudicar más al gobierno local, por mucho que tuviera que se debiera a una actuación del Gobierno Central. El BNG trataba de sacar tajada en río revuelto, pero tocó gobierno, y ya es más prudente.
