Puente concede a Alicante lo que niega a Galicia: 400 millones para liberar una autopista

La AP-7 es una autopista que une las localidades alicantinas de Monforte del Cid y El Campello a lo largo de un trayecto de 33,2 kilómetros. Fue concebida como una gran circunvalación alrededor de la ciudad, que cuenta ya con otra vía de alta capacidad y gratuita que la rodea, la A-70, que también desemboca en El Campello; esta última suma otros 35 kilómetros de longitud.

La Comisión Europea apunta que la prórroga de la AP-9 se utilizó para encarecer la venta de la autopista

La autopista está concesionada a la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa), de capital público; el trayecto completo de la circunvalación cuesta 2,7 euros (3,25 euros si se abona en efectivo). La carretera gratuita sufre, según el ministro de Transportes, Óscar Puente, un “problema muy serio de saturación” que requeriría de una ampliación de carriles “a años vista”. Así que, de momento, proyecta la liberalización de la carretera de peaje.

Es una opción largamente rechazada para la autopista AP-9, con el agravante de que ésta última carece de alternativa viable sin peajes. “He abierto esta reflexión en el Ministerio y, salvo que me encuentre con algún problema de carácter legal con Hacienda... [...] Lo razonable es que liberemos los peajes de la AP-7 y permitamos esa transferencia de tráficos de la A-70”, expuso ayer Puente en un acto organizado por el diario Información, del mismo grupo editorial que FARO.

En el caso de la autopista gallega, la posición del Gobierno ha sido la de defender la continuidad de la concesión hasta 2048 –otorgada por el Ejecutivo de José María Aznar–, y así lo ha defendido ante la Comisión Europea, que ha emitido ya dos apercibimientos a España al considerar que la extensión de esa concesión fue contraria a derecho comunitario.

Nuestra idea es llegar a un punto en el que no haya peajes

Óscar Puente

— Ministro de Transportes

La liberalización de la autopista de Alicante conllevaría un coste de unos 400 millones de euros, según fuentes conocedoras de la infraestructura, por encima de los 345 millones que el Estado adeuda a Autopistas del Atlántico (Audasa) en concepto de saldos de compensación. Se trata de una especie de hipoteca que empezó a engordar con las obras de ampliación del puente de Rande y la circunvalación de Santiago: en ella se incluyeron no solo los costes asumidos por Audasa para ejecutar esos trabajos, sino también el impacto de las bonificaciones y, sobre todo, un tipo de interés del 8% que no hace más que aumentar la cuantía de ese saldo de compensación. A cierre de 2023 era de 344,72 millones de euros, frente a los 283 millones, por ejemplo, del año en que se inauguró el nuevo puente sobre la ría.

Al tratarse de una partida con un gravamen tan elevado –adicional al 1% durante veinte años, vigente hasta 2038– el propio Gobierno estima que escalará hasta los 1.100 millones de euros cuando llegue el fin de la concesión (enero de 2049). Con todo, ha rechazado amortizarla de una tacada para que no siga aumentando cada año. Es más, la ex secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Isabel Pardo de Vera defendió esta vía hasta que abandonó el ministerio, a finales de 2022. Entonces la titular de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que era una opción demasiado costosa. Solo en el ejercicio 2023 esta hipoteca, el saldo de compensación, aumentó en seis millones de euros.

“Creo que hay que poner el contador a cero. Nuestra idea es llegar a un punto en el que no haya peajes, en el que todos estemos en las mismas condiciones y, a partir de ahí, tomemos una decisión”, abundó el ministro en el mismo encuentro. Faltan 24 años para el fin de la concesión de la AP-9, cuya prórroga empezó a contar en agosto del año pasado.

“Mejor oportunidad que esta para librarnos de los peajes de la AP-9 no la vamos a tener nunca”

La “deuda” de 1.000 millones

El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, calificó la prórroga de la concesión hasta 2048 como “extremadamente prematura” y aseguró de que el único objetivo era “aumentar su valor” para la venta posterior de Audasa. La concesionaria ya ha apuntado que en el caso de que ésta se considere ilegal y se levanten los peajes exigirá como mínimo el importe de la deuda: 1.034,4 millones de euros.

Esta cifra no ha dejado de crecer durante los últimos ejercicios ya que Autopistas del Atlántico S. A. ha destinado sus beneficios –82,7 en 2023– al reparto de dividendos y no a la amortización de la vía. Es por ello que desde la Asociación de usuarios En Colectivo –responsable de que la UE abriera una investigación en 2019– consideran que el Estado deberá poner toda su maquinaria a trabajar para reducir esa cifra demandada al no ser justa.

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