El conflicto entre el Sergas y las Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAEs) por el traslado de ropa sucia se recrudece. La Gerencia del Chuvi prohibió al colectivo de trabajadoras realizar en el recinto del hospital el encierro de 24 horas que habían convocado en el hall e inició una investigación por "vejaciones y acosos" contra otras y personal de la concesionaria.

A través de un comunicado, el Sergas asegura que "un reducido grupo de trabajadores está realizando acciones que atentan contra la dignidad de las personas, obstaculizando el trabajo" de otros profesionales con "comentarios inapropiados, mofas e insultos por estar realizando sus funciones". Explica también que personal de lavandería, limpieza y restauración -que gestiona la concesionaria- han presentado quejas "por interferencias en el ejercicio de su actividad, que está siendo boicoteada con impedimentos y actos de vandalismo". Señala que "hacen referencia a la mala praxis operativa llevada a cabo por algunas TCAEs" y pone como ejemplo el uso de bolsas rotas, o depósitos de ropa manchada de sangre y materia orgánica fuera de los espacios habilitados a tal fin o el vaciado de jarras de agua delante del propio trabajador de restauración solicitándole a continuación nuevas jarras llenas...".

El gerente del Sergas en Vigo, Félix Rubial, aclara que la Dirección no acusa a nadie sino que investigará la "reclamación genérica" presentada por la concesionaria, que ha sido acompañadas por imágenes de las incidencias. Señala que no tienen identificadas a los autores y tratarán de hacerlo mediante el circuito cerrado de cámaras de vigilancia.

La "totalidad" de las 650 auxiliares que trabajan en el Cunqueiro están cumpliendo con la orden de trasladar las bolsas de ropa sucia, según admite el Sergas. Presionan para que les retiren esta tarea -que nunca habían desempeñado, hasta el 2 de mayo- de otras maneras. Ayer, habían convocado un paro de 24 horas en el hall del hospital, desde el medio día. Minutos antes, llegó una notificación de la Gerencia en la que les ordenaba "retirarse inmediatamente de los lugares no autorizados" alegando que "hechos como estos están generando preocupación, intranquilidad e inseguridad y alteran las condiciones de bienestar".

Las auxiliares congregadas, más de un centenar, respondieron a la lectura de este escrito al grito de "gerente dimisión". Tras valorar las posibles consecuencias de desobedecerlos -más sanciones-, decidieron trasladar la acampada al exterior del edificio. Pero la Dirección comunicó que ni dentro ni fuera, salvo en una sala de formación, alejada de cualquier circulación de usuarios o visitantes. Ante esta situación, las auxiliares regresaron al hall con la intención de pasar la noche allí.

Su portavoz, Miriam Costas, defiende que con sus movilizaciones "los último" que pretenden es "perjudicar en nada al servicio sanitario", sino que pelean "por el respeto y cuidado de los pacientes". "Luchamos por nuestras funciones y por trabajar como hasta ahora. No vamos a doblegarnos", añadió, tras una marcha silenciosa por consultas externas.

El gerente les propone sentarse a negociar para llegar a "acuerdos que permitan facilitarles esta tarea". Ellas solo aceptan hablar para retirarla y, como primera condición, exigen la retirada de las 32 solicitudes de apertura de expediente enviadas a Inspección y que pueden suponerles suspensiones de empleo y sueldo de 2 meses a tres años. Rubial sostiene que no tiene "potestad" para hacerlo. También han sancionado a cuatro TCAEs de las listas de contratación rápida enviándolas al final, lo que denuncian que supone alrededor de un año sin llamarlas.

El colectivo recibió el apoyo del BNG y En Marea, que presentarán iniciativas parlamentarias, así como la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública.