Los funcionarios judiciales de Vigo estaban ayer muy pendientes de lo que sucedía en Santiago de Compostela. Y es que arrancaba la nueva reunión entre sindicatos y Xunta para tratar de desbloquear la huelga que mantiene prácticamente paralizada la actividad en los tribunales no solo de la urbe olívica, sino de la mayor parte de Galicia. Coincidiendo con esta importante cita, un centenar de trabajadores se concentraron ante los juzgados vigueses para urgir una solución, para que se atiendan sus reivindicaciones laborales y salariales. Tras más de un mes de conflicto, aguardan que pronto haya acuerdo.

"Esperamos que la solución llegue lo antes posible; quien durante estas semanas presentaba una oferta cerrada era la Xunta, nosotros queremos negociar", afirmaba durante la protesta Manuel Adán, del sindicato CSIF. Aunque están dispuestos a seguir peleando, como ayer volvieron a corear al unísono los funcionarios, los trabajadores tienen esperanzas en que haya avances definitivos. La reunión de ayer, sin embargo, acabó sin acuerdo.

El paro ha reducido la actividad al mínimo en los distintos juzgados de Vigo, la Fiscalía y el Registro Civil. Fuentes del Ministerio Público remarcaban ayer la gravedad de la situación. Una vez acabe el paro y reciban de golpe las miles de notificaciones paralizadas, "ponerse al día" va a ser misión imposible.

La huelga tiene un coste económico para los funcionarios. Llevan 23 días laborables de paro y también les descuentan, afirman, un porcentaje del fin de semana. Los que pararon todas las jornadas ya han perdido entre 1.200 y 1.700 euros, descontando ya del cómputo de días cuatro que, de media, les habrían tocado de servicios mínimos.