El colapso judicial ya es una realidad. Solo han transcurrido dos jornadas desde que el funcionariado iniciase una huelga indefinida contra lo que consideran una discriminación salarial y ya son más de 1.230 las demandas que se encuentran paralizadas en la oficina de Registro y Reparto. Los servicios mínimos que operan solo están obligados a dar salida y trámite a los procedimientos que requieren de urgencia y todo aquello sujeto a plazo. Así, son más de 970 las causas civiles -solo telemáticas- que desde el pasado día 6 no fueron repartidas a su correspondiente Juzgado de Primera Instancia.

En la jurisdicción social, los escritos paralizados suman 130. Impugnaciones de altas médicas, modificación sustancial de las condiciones laborales o tutelas de derechos son alguna de las demandas que sí se han derivado a las respectivas salas para su trámite. A estos procedimientos hay que sumarle todos los escritos relativos a causas con preso que se derivan al correspondiente juzgado de lo Penal o Instrucción, a Familia se remiten todas las medidas provisionalísimas, a las salas de lo Contencioso-Administrativo las peticiones de entrada en domicilio y extranjería y al Juzgado de Violencia se le traslada absolutamente todos los escritos que reciben en la oficina.

Esta paralización desemboca inevitablemente en el retraso a la hora de iniciar los trámites y posterior señalamiento para vista. En concreto, son varias las salas que han decidido "no señalar" las fechas de juicios de los procedimientos que reciben, como es el caso del Juzgado de lo Penal 1, que ayer se vio obligado a suspender dos vistas si bien celebró una al tratarse de una causa con preso y videoconferencia desde Cambados. Fuentes judiciales indican que son muchos los testigos, abogados o peritos que llaman para saber si su juicio se celebrará. "No podemos asegurarles nada, pero tienen que venir porque si no pueden incurrir en un delito de desobediencia", reconocía el Letrado judicial.

Por segunda jornada consecutiva fueron cerca de un centenar de vistas, comparecencias y tomas de declaraciones suspendidas. Sin embargo fue en el Registro Civil donde más se hizo notar la comitiva sindical. Más de 200 personas irrumpieron en las dependencias con una larga cola que se prolongó durante casi 20 minutos. La obligación de mantener los servicios mínimos indignó a varios usuarios: María Carmen Barbosa no pudo obtener un certificado de defunción para gestionar una herencia mientras que Carina Fernández tuvo que aplazar su viaje a Nueva York al no conseguir el DNI de su bebé. "Me piden un justificante de los vuelos pero no puedo pillarlos sin el DNI del niño, y no voy a coger el mío solo y que luego me quede sin plaza para él", lamenta.

La imagen de pasillos y oficinas vacías volvió a protagonizar la jornada. Mientras sindicatos fijan el seguimiento en un 95%, la Xunta cifra el apoyo al 42% y apela a la "responsabilidad" de los trabajadores para "no perjudicar a la ciudadanía". Portavoces del comité matizaron que el organismo autonómico no se ha puesto en contacto con ellos desde la huelga. Esta situación también fue valorada por el alcalde Abel Caballero, que instó a la Xunta a solucionar de forma "imprescindible" el conflicto. El Consello de la Abogacía Galega también mostró su preocuación e hizo un llamamiento a las partes para retomar el diálogo y buscar una solución satisfactoria.