Las dependencias del servicio de Medición Familiar acogen cada año más asuntos, pero los acuerdos que resultan de ellos siguen sin despuntar. De las 120 sesiones en las que los cónyuges o exparejas se sentaron frente a frente para intentar arreglar sus desavenencias solo 26 llegaron a un acuerdo. Y es que gran parte de ellas no pasaron de la sesión inicial, en concreto 71 al considerar que sus problemas solo pueden dirimirse con una resolución judicial. Esta es la finalidad última que busca el servicio de mediación: evitar que las relaciones familiares acaben en una sala de vistas. El proyecto puesto en marcha en el año 2012 busca enterrar el hacha de guerra entre el matrimonio, volver más pacífica su relación y valorar por encima de todo el interés jurídico del menor.
Este servicio dependiente de la Xunta de Galicia y coordinado por la Universidad de Vigo cuenta con una jurista y una psicóloga para atender los casos que el juez y Letrado de la Administración de Justicia - nueva denominación del secretario judicial- les deriven. Su actividad sí se vio incrementada de forma sustancial desde sus inicios. Cuando en 2012 los procedimientos remitidos escasamente superaban la decena ahora suman 202, una veintena más que en 2016. ¿Cómo funciona el proceso? En primera instancia se lleva a cabo una sesión informativa con los cónyuges en la que se les comunica las ventajas del servicio y cómo este se llevará a cabo, haciendo hincapié en que una ruptura matrimonial no tiene porque desembocar en una ruptura familiar. Tras esta primera reunión, la pareja decide si continuar e iniciar el proceso como tal. El año pasado, el número de cónyuges que optaron por esta vía fueron casi medio centenar.
En este punto, los resultados del programa de mediación sí mejoran notablemente. De las 49 familias que finalizaron el proceso, 26 de ellas sí llegaron a un acuerdo, más de la mitad.
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Modificación de medidas
Aunque la modificación de medidas relativas a la manutención o régimen de visitas de los hijos suele ser el motivo más frecuente que lleva a las familias a mediación, el reparto económico tras la separación empieza a erigirse como causa habitual. Son los magistrados de Familia los que determinan qué cónyuges son óptimos para participar en este proceso de mediación.
Desde los propios juzgados de Vigo se han repartido en las últimas semanas cientos de trípticos informativos sobre esta alternativa a la vía judicial. Además de mediación familiar también se puede optar a la mediación civil, mercantil o incluso penal (en febrero de 2017 un caso de atropello mortal fue el primero derivado a mediación penal en los juzgados olívicos tras alcanzarse con éxito un acuerdo de reparación, lo que evitó la celebración del juicio). No es necesario que un juzgado derive el asunto al servicio, sino que las propias familias puede acudir de forma voluntaria a sus dependencias situadas en el edificio de la Gota de Leche.
De los 200 casos que se derivaron al equipo de mediación intrajudicial, en nueve no pudo llevarse a cabo el proceso. En tres de ellos porque el varón tenía un procedimiento abierto en los Juzgados de Violencia, otro fue derivado al Gabinete de Orientación Familiar (GOF), en dos de los casos por problemas psiquiátricos de una de las partes y en los restantes tres casos por un acuerdo previo entre los letrados de las partes. Y es que las mediaciones entre abogados permitieron poner fin a las desavenencias de siete familias y llegar a acuerdo por sus hijos o bienes materiales, una práctica cada vez más frecuente.
En la actualidad, el servicio trabaja con 9 casos que inició en 2017. Los tiempos muertos del procedimiento civil son los que emplean los profesionales para llevar a cabo las sesiones.
