El gobierno vigués se opone a la pérdida de terrenos de dominio público marítimo-terrestre en un lateral de la isla de Toralla y aprovecha la consulta urbanística planteada por el Servicio Provincial de Costas de Pontevedra para reclamar al Gobierno central que acometa acciones de recuperación de las servidumbres de acceso a la ribera del mar. Los informes municipales declaran "prioritaria" la ejecución de una senda litoral en todo el perímetro de la isla. El objetivo del Concello es garantizar el "libre tránsito público en mínimas condiciones de seguridad" y avanza que si el Ministerio de Agricultura y Pesca no atiende su petición y retoma el proyecto de recuperación de la servidumbre de tránsito planteado en 2008 y aparcado inicialmente por los recortes presupuestarios, será la administración local la que tome la iniciativa y redacte un proyecto para permitir la circulación peatonal en la ínsula.
La Gerencia de Urbanismo emitió informes contrarios a la desafectación de cada una de las parcelas ubicadas en el tramo izquierdo de la isla y cuyos propietarios pretendían impulsar un nuevo deslinde que en opinión de los técnicos municipales "reduce drásticamente las posibilidades de materializar el libre tránsito mediante una senda, paseo o itinerario de uso público". En los documentos a los que ha accedido FARO, el Servicio de Urbanización e Infraestructuras de Vigo concluye que la solicitud pretende la "minoración" del ámbito de dominio público sin otra justificación distinta al "interés privado de quienes lo instan para el aprovechamiento privativo del borde de costa". Los expedientes, con un argumentario idéntico para cada una de las parcelas afectadas, censura además que esta zona de servidumbre en teoría pública "actualmente ya está ocupada de facto en franca contravención del interés público".
Lo mismo ocurre con los accesos puntuales a la costa desde el interior de la isla previstos en el proyecto de urbanización de Toralla, que diseña pequeños caminos de entrada a la ribera de mar cada dos parcelas y que en la actualidad, según se constata en los documentos, "están cerrados mediante diferentes cancillas y en la mayoría de los casos su uso público no es posible al encontrarse incorporados a propiedades privadas". Estos accesos forman hoy parte de los jardines de las viviendas unifamiliares, sobre algunos se construyeron casetas para perros que impiden el paso o directamente se le han colocado pequeñas vallas de madera dando la sensación de que el acceso está restringido.
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Los propietarios han ido ganando terreno hacia el mar hasta el punto de incorporar el suelo de dominio público a sus jardines. Han colocado setos a modo de cierre o barandillas metálicas que caen justo encima de las rocas. "Las parcelas avanzaron hacia la ribera del mar", señalan desde Urbanismo, que reconoce que la propia orografía ha favorecido esta situación "irregular" al impedir el libre acceso peatonal en el margen izquierdo más rocoso.
El Concello manifiesta que ha llegado el momento de regularizar esta situación. Los mapas oficiales del Ministerio de Agricultura y Pesca dejan claro que el terreno comprendido entre la línea donde arranca el dominio público marítimo-terrestre y la línea de ribera de mar ha sido asumido por las propiedades privadas y que al menos cuatro piscinas ocupan irregularmente este ámbito que ahora los dueños pretendían consolidar como parte de sus fincas.
Desde el Concello insisten en que no hay voluntad de iniciar expedientes sancionadores. Consideran viable garantizar el derecho de acceso público a través de un paseo circundante de unos tres metros de ancho como planteó el Gobierno central en el año 2008 retranqueando ligeramente los cierres sin necesidad de recuperar la totalidad del suelo público. Este sería el segundo paso del camino emprendido. Ahora la prioridad es evitar que se consolide el nuevo deslinde planteado por los propietarios porque en la práctica supondría para la ciudad renunciar de forma irreparable a esos terrenos y al derecho de acceder libremente al mar alrededor de la isla.
