El planteamiento del Puerto de Vigo de controlar la actividad del Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) por medio de una "instrucción" inédita en España ha generado revuelo no solo entre los funcionarios asignados a las instalaciones de Guixar. Justificada en el perjuicio económico que ocasiona la "descoordinación" en esas instalaciones -origen en parte de la fuga de mercancías por Leixões (Portugal)-, la iniciativa de Praza da Estrela, aun fundamentada en la Ley de Puertos, infunde recelo también en los responsables territoriales de los cinco ministerios a los que pertenecen esos funcionarios, así que todo apunta a que se resistirán a que su plantilla sea "coordinada" por la Autoridad Portuaria. Su presidente, Enrique López Veiga, advierte sobre su postura ante la presentación de alegaciones: "No voy a aceptar el no por el no".
Para reforzar su argumentación sobre la potestad que busca ejercer sobre el funcionamiento del PIF subraya varios datos: "El Puerto es el propietario de las instalaciones, invierte mucho en ellas y se encarga de su mantenimiento". Cuestiones que, entiende, deberían conceder a la institución que preside un papel, de facto, más allá de un mero observador; o como poco, requieren de cierta cortesía por parte de esos altos cargos ministeriales que ni tan siquiera informan a Praza da Estrela de sus visitas al puesto de Guixar. Reproches como este al margen, López Veiga se ciñe estrictamente a lo contemplado en la Ley de Puertos, "que dice que la competencia en la coordinación de todas las administraciones que trabajan en el Puerto es función de la Autoridad Portuaria".
Hay una "posibilidad legal clarísima" y parece decidido a aprovecharla hasta las últimas consecuencias. "Lo que se podrá discutir es cuánto es coordinación y cuánto dirección, pero lo que no se puede discutir es el poder de coordinación de la Autoridad portuaria", razona. Así que a lo de que no aceptará "un no por el no" añade otro aviso revelador de su determinación: "Si no hay una objeción en derecho lo llevo al consejo de administración si no al último del año al próximo o al siguiente.
Defiende la instrucción diseñada como una medida "necesaria, conveniente y sobre todo positiva para los usuarios". Con esta última precisión se refiere a que "garantiza los derechos de las empresas" frente a esas "arbitrariedades y exceso de celo" en la inspección denunciada en infinidad de ocasiones por las organizaciones usuarias. Es el objetivo de ese "gabinete de quejas y apelaciones", uno de los órganos de nueva creación contemplado en la su propuesta, llamado a resolver en 24 horas los recursos ante casos como la retención de un contenedor.
"Ni se falta el respeto a nadie y tampoco supone la invasión de las competencias del funcionario. Lo único que pasará es que podremos emitir un informe vinculante. Se trata en el fondo de ofrecer garantías democráticas porque todos debemos estar sujetos al escrutinio. Los que estamos en política lo sabemos y a los funcionarios tampoco debería costarles tanto trabajo", zanja.
