La condena al Sergas por el retraso en el diagnóstico y la atención inadecuada a una embarazada de más de 22 semanas a la que derivó a abortar a Madrid y que acabó perdiendo el útero, abrió el pasado mes de octubre la polémica sobre la asistencia que el Sergas presta en este campo. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió disculpas públicas a la afectada y encomendó al conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, una "solución" para que todos los abortos clínicos -es decir, los no espontáneos- se practiquen en los hospitales gallegos. El Álvaro Cunqueiro acaba de incorporar la única atención que no se estaba ofreciendo en la comunidad: las interrupciones legales del embarazo (ILE) después de la semana 22. Asume casos de las áreas sanitarias que lo pidan, evitando la derivación fuera de Galicia a clínicas privadas de Madrid y Barcelona.
Hasta la semana 14, la interrupción del embarazo es voluntaria, es decir, sin necesidad de que la mujer justifique los motivos. A partir de entonces, son por causas médicas. Hasta la semana veintidós, la ley los admite cuando hay "grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada" o "riesgo de graves anomalías en el feto". A partir de entonces, solo se realizan si se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable, recogido en un dictamen que deberá aprobar un comité clínico. Estos últimos abortos son los únicos que, hasta ahora, no se estaban realizando en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo y tampoco se practica en la actualidad en ningún otro hospital gallego. Desde principios de año, se ha incorporado esta asistencia en el Hospital Álvaro Cunqueiro, completando la atención en este ámbito.
El acceso a los datos sobre estos abortos no es fácil. Podrían estar en torno a la docena en toda Galicia al año. En estos dos primeros meses de actividad, en el Cunqueiro ya se han realizado, al menos, dos y uno de las mujeres afectadas fue desviada desde el área sanitaria de Lugo.
Para atender a la mujer en un momento tan complicado, el Cunqueiro cuenta con un equipo multidisciplinar especializado, en el que intervienen los servicios de Ginecología, Anestesia, Radiología y Psiquiatría. El centro ha extendido el protocolo que ya utilizaba con las interrupciones del embarazo hasta la semana 22. La técnica, sí es diferente, y el complejo no se ha visto en disposición de prestarla hasta la puesta en marcha del nuevo hospital y la incorporación de los nuevos recursos.
El Sergas se veía, hasta ahora, con que no podía dar una solución a un derecho recogido por ley ni con sus recursos públicos ni sin salir de la comunidad. Las mujeres que pasaban por este duro trance tenían que sumar el desplazamiento hasta clínicas en Madrid o Barcelona. "Hay dos derechos, el derecho al aborto y el derecho a la objeción de conciencia, y respetando esos dos derechos, tenemos que dar con una solución y buscar la fórmula para que se produzcan en los hospitales de Galicia", admitía el presidente de la Xunta.
El conselleiro de Sanidade, en el pasado mes de octubre, avanzó que se desarrollaría un "plan integral" para la asistencia a las mujeres que necesiten interrumpir su gestación en "las mejores condiciones posibles" y sin necesidad de salir de la comunidad. Anunció que, a principios de 2017, designaría un centro de referencia para los abortos en el tercer trimestre. La demanda, que partió de la Plataforma para o Dereito ao Aborto -aunque la asociación pedía dos-, incluso fue defendida luego en el Parlamento por el Grupo Popular.
El Chuvi es uno de los complejos gallegos que mayor cobertura ofrecen en esta atención. De hecho, desde 2007, no deriva ninguna interrupción del embarazo a clínicas privadas, como sí sucede en la mayor parte de las áreas sanitarias.
Según los últimos datos facilitados, en toda Galicia, se realizaron algo más de 3.300 abortos, lo que supone una tasas de 6,78 por cada mil mujeres de edades comprendidas entre los 15 y los 44 años. El grueso se realizaron en centros extrahospitalarios. Suelen realizarse en ellos los de menos de 12 semanas y, a partir de entonces, en el hospital. Estos fueron 382, el 68% en complejos públicos y 122 casos en clínicas privadas. Pero se desconoce cuántas fuera de la comunidad.
