El grupo UCRIF de la Policía Nacional de Vigo desarticuló una red de inmigración ilegal dirigida por un clan familiar que introducía en la ciudad olívica a ciudadanos de Guatemala a los que cobraba grandes cantidades de dinero por sus permisos de residencia falsos o cartas de invitación. En el operativo se detuvo a un total de nueve personas-cinco de ellas fueron puestas en libertad en sede policial y las otras cuatro tras su paso a disposición judicial en la mañana de ayer- de origen nacional y centro americana. Según informan fuentes de la investigación, los cabecillas de esta trama serían los cuatro últimos detenidos, tres mujeres y un hombre, quien cuenta con antecedentes por otros ilícitos. Se les acusa de un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, delito penado con hasta cuatro años de prisión. La causa está siendo instruida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Vigo.
Tal y como explican fuentes de la investigación, la red estaba dividida en tres escalas, por un lado se encontraban los líderes o cabecillas de la misma, asentados en Vigo, que contaban a su servicio con un grupo de captadores en Guatemala y diversos responsables locales repartidos por otras ciudades españolas. El operativo arrancó en octubre del año pasado, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia en Vigo de un grupo de ciudadanos, en su gran mayoría guatemaltecos que, empleando cartas de invitación u ofreciendo permisos de residencias falsos, podrían estar favoreciendo la inmigración irregular de compatriotas suyos.
Los presuntos captadores informaban a las víctimas que para iniciar sus trámites de ingreso en España debían abonarles, en primer lugar, 3.000 euros por anticipado. Para no levantar sospechas a la hora de cruzar la frontera a su llegada al aeropuerto, miembros de la organización les adoctrinaban sobre cómo debían comportarse y actuar ante las preguntas que pudieran hacerles los funcionarios de los puestos de control fronterizos.
Durante las investigaciones realizadas en torno a esta supuesta red de inmigración ilegal, se descubrió que uno de los responsables de la misma esperaba a las víctimas en el aeropuerto y, nada más cruzar la aduana, les requerían otros 3.000 euros por la supuesta realización de los permisos de residencia o cartas de invitación.
Beneficios de 180.000 euros
Estima la Policía Nacional que pudieron ser 30 las víctimas de esta trama. El pago que realizaba cada una a la organización a cambio de su estancia en Vigo podía superar los 6.000 euros, llegando a obtener por los ilícitos más de 180.000 euros.
Afirma la Policía Nacional que cuando los inmigrantes, que procedían de Guatemala, no podían hacer frente al pago de estas deudas, la organización los obligaba a emplearse ilegalmente en labores de servicio doméstico o jardinería. Además, ejercían un "férreo control" sobre las víctimas para obligarles a pagar todo el dinero que supuestamente les adeudaban.
Tras su paso a disposición judicial, los cuatro investigaron rehusaron hacer declaraciones, pero sí negaron los hechos de los que se les acusan y reiteraron, ya en su declaración judicial, tal y como informaron fuentes cercanas al caso, que solo venían a España "a buscarse la vida".
